La retirada de Venezuela de la CPI: algunas omisiones (notorias) y el entusiasmo (solitario) de EEUU – Por Nicolas Boeglin (*)
El pasado 24 de julio Venezuela anunció oficialmente su firme intención de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI).
En las líneas que siguen presentaremos las justificaciones oficiales dadas por Venezuela y las intentaremos poner en perspectiva al darse este anuncio hacia finales de un mes particularmente duro para la CPI, como lo fue el mes de julio del 2026: con una nueva arremetida anunciada el 13 de julio por parte del principal enemigo que tiene la justicia penal internacional desde sus primeros inicios en el 2002, EEUU y con la denuncia oficializada por Chad del Estatuto de Roma, registrada el pasado 31 de julio. En nuestras reflexiones referiremos también a las presiones de todo tipo ejercidas por EEUU en América Latina a partir del 2002 en aras de torpedear los esfuerzos de la comunidad internacional tendientes a dotarla de una justicia penal internacional: este pequeño recorrido histórico permitirá entender mejor que, apenas 10 días después de que EEUU anunciara una campaña contra la CPI en este mes de julio del 2026, Venezuela procediera al anuncio objeto de estas reflexiones.
Usualmente, cada 17 de julio se celebra en todo el mundo el día internacional de la justicia penal internacional, al conmemorarse la adopción en julio de 1998 del instrumento internacional que crea la CPI. En el caso específico de Costa Rica, no se registró mayor manifestación oficial en este mes de julio del 2026: lo único que se registró en el sitio oficial de su aparato diplomático el 17 de julio del 2026 fue la máxima condecoración otorgada a… la embajadora de Israel en Costa Rica, al parecer en el marco de una ceremonia muy privada1.
La justificación oficial de Venezuela.
En el “tweet” del pasado 24 de julio difundido por el actual jefe del aparato diplomático venezolano, se pueden leer las únicas razones oficiales que invoca Venezuela para tomar su decisión, refiriéndose a un supuesto “sesgo geográfico” en la labor actual de la CPI “en detrimento del Sur Global” (sic.).
Al omitir convenientemente referirse a las recientes órdenes de captura emitidas contra altas autoridades en Rusia (2023) y en Israel (2024), la justificación resulta de pronto bastante débil y hasta… algo risible: ¿un “sesgo geográfico” cuando la CPI ha emprendido acciones contra los dirigentes del principal socio de EEUU en Oriente Medio, apoyados de manera incondicional por las diversas administraciones norteamericanas?
Con relación a una labor de la CPI que iría supuestamente “en detrimento del Sur Global” en este año 2026, omitiremos precisar las longitudes y las latitudes del extenso territorio ruso con relación a uno de los dos polos del planeta Tierra, de manera a no causar mayor sonrojo al ya causado.
Lo que podríamos calificar como una “justificación que padece de una pobreza extrema” en este 2026, resulta bastante notoria. Y más llamativo resulta el hecho que no haya sido mayormente detectada por analistas y comentaristas, así como por columnistas y “expertos”, usualmente siempre muy pendientes de todo lo que ocurre en Venezuela.
Más aun tratándose, en el caso de los dirigentes de Israel, de un Estado como Venezuela que, históricamente, ha recibido a refugiados y a desplazados palestinos, así como a personas heridas en proveniencia de Gaza y de Cisjordania en los últimos años, y que ha apoyado la lucha por el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. No está de más recordar que Venezuela mantiene, hasta la fecha, suspendidas sus relaciones diplomáticas con Israel, desde el mes de enero del 2009, en repudio al accionar militar de Israel en Gaza.
Salvo error de nuestra parte, este anuncio relacionado a la CPI de Venezuela no ha dado lugar a ningún comunicado oficial del aparato diplomático de Venezuela, que haya sido colgado en su sitio oficial. En este mismo sitio oficial sí se encuentra, en sentido opuesto, un comunicado oficial del 7 de noviembre del 2021, en el que Venezuela reafirmaba ante la comunidad internacional, su firme y pleno compromiso con la justicia penal internacional de La Haya.
Es de tomar nota desde ya, de la poca formalidad del actual aparato diplomático venezolano, que posiblemente tenga algún tipo de explicación: enviar un primer mensaje, a modo de provocación y de paso, medir las diversas reacciones y los silencios.
Cabe precisar que esta decisión de Venezuela de este mes de julio se tomó unos pocos días después del 17 de julio, fecha aniversario de la justicia penal internacional, y que pasó en este 2026, prácticamente desapercibida2.
El Estatuto de Roma en muy breve.
Como bien se recordará, la CPI fue establecida en julio de 1998 mediante un instrumento conocido como el Estatuto de Roma. Resulta oportuno recordar para quiénes no estén muy familiarizados con esta jurisdicción internacional ubicada en La Haya, que la CPI es competente para juzgar penalmente únicamente a título individual a personas (y no a Estados) que, en el ejercicio de sus funciones, cometieron, ordenaron o instigaron a la comisión de tres crímenes: el genocidio (cuya definición se encuentra en el Artículo 6 del Estatuto de Roma), los crímenes de lesa humanidad (Artículo 7) y los crímenes de guerra (Artículo 8).
La lectura completa de este último Artículo 8 es particularmente recomendada a la luz de las imágenes de destrucción masiva e injustificada y de la muerte diaria de civiles en Ucrania desde el 24 de febrero del 2022 así como a la luz de las imágenes de muertes de civiles palestinos y de destrucción a gran escala que provienen de Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023. Asimismo, la lectura completa de este Artículo 8 permite además entender mucho mejor las razones por las que tanto el Presidente de Rusia (desde marzo del 2023) como el actual Primer Ministro de Israel (y su ex Ministro de defensa) son objeto de una orden de captura emitida por la CPI desde el mes de noviembre del 2024.
En el caso de la franja de Gaza, al 25 de julio del 2026 se contabilizan casi 174.000 personas heridas, muchas de ellas de gravedad y sin acceso a medicamentos, agua y alimentos en cantidad suficientes, y 73.305 víctimas identificadas en Gaza, la mayoría siendo mujeres (10.983), niños (21.283) y personas de la tercera edad (5.100): así lo refleja uno de los últimos informes oficiales de Naciones Unidas, al 25 de julio del 2026. Cabe precisar que las autoridades sanitarias palestinas únicamente registran cuerpos identificados de personas fallecidas en Gaza, y no contabilizan los cuerpos de personas sin identificar, por lo que se estima que son muchas más las personas fallecidas en Gaza y que muchos son los cuerpos que aún permanecen bajo los escombros.
La denuncia del Estatuto de Roma.
Como todo instrumento internacional adoptado en el ámbito multilateral, el Estatuto de Roma contiene en su Artículo 127, una disposición sobre la denuncia del mismo, y que se lee de la siguiente manera:
“Artículo 127 Denuncia
- Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior.
- La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en él, en particular las obligaciones financieras que hubiere contraído. La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta efecto; la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto”.
Este Artículo 127 precisa que, mientras la denuncia de Venezuela no surta efectos legales (con un plazo muy preciso de 12 meses contados a partir de la notificación de la denuncia a la Secretaría General de Naciones Unidas), la justicia penal internacional de La Haya puede continuar con sus investigaciones, recopilar información adicional a la que ya dispone, las organizaciones de derechos humanos pueden continuar enviando casos a la Fiscalía de la CPI, al tiempo que Venezuela sigue sometida a todas y a cada una de las disposiciones del Estatuto de Roma como Estado Parte.
Con relación a la situación interna en Venezuela en materia de derechos humanos, un informe del 2021 de un grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya alertaba de la posible comisión en Venezuela de crímenes de lesa humanidad susceptibles de interesar a la CPI, al concluir (p. 453) que:
“the Panel of Independent International Experts considers that there are reasonable grounds, that satisfy the standard of proof required by Article 53 of the Rome Statute, to believe that acts to which the civilian population of Venezuela was subjected to, dating back to at least February 12, 2014, constitute crimes against humanity, in accordance with Article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court, including the crimes of murder, imprisonment, torture, rape and other forms of sexual violence, persecution, and enforced disappearances as said forth more fully in this report”.
En buena lógica, la OEA debería de haberse pronunciado contra la decisión de Venezuela anunciada de retirarse de la CPI en este mes de julio del 2026. Al momento de redactar estas líneas (12 de agosto del 2026), no pareciera ser el caso: una actitud que resulta oportuno contrastar con, por ejemplo, el comunicado de prensa de la misma OEA al notificar Venezuela, en el mes de septiembre del 2012, su denuncia de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Es de señalar el mismo silencio de la OEA cuando, en noviembre del 2025, tres Estados – de los cuales dos se ubican en el hemisferio americano – consideraron oportuno votar en contra de la prohibición absoluta de la tortura en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas3.
Estados Partes al Estatuto de Roma y criminales de guerra buscados por la CPI.
Con relación a las modificaciones de las relaciones jurídicas de un Estado Parte al Estatuto de Roma, en lo que va de este año 2026 únicamente se registra por el momento (al 8 de agosto del 2026) las siguientes:
– la denuncia del Estatuto de Roma por parte de Chad oficializada el 31 de julio del 2026, y;
– una nota de la misma Secretaría General con fecha del 29 de mayo del 2026 en la que las nuevas autoridades húngaras notifican dejar sin efecto la denuncia del Estatuto de Roma realizada por Hungría en junio del 2025. Esta reciente decisión de Hungría del 2026 fue, por cierto, saludada por la CPI: de haberse materializado jurídicamente la denuncia del Estatuto de Roma por parte de Hungría, se hubiese convertido Hungría en el primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en tomar sus distancias con la justicia penal internacional.
¿Algunos sectores políticos ocupaban, habiendo fracasado con Hungría en Europa, encontrar a otro Estado en otra región del mundo, dispuesto a denunciar el Estatuto de Roma?
Cabe recordar que en julio del 2025, la CPI emitió una decisión condenando a Hungría por invitar al Primer Ministro israelí y no cumplir con las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma4. Se trata de una decisión muy similar a otra anterior, en contra de Mongolia, al haber invitado sus autoridades (sin capturarlo) al actual Presidente de Rusia, también objeto de una orden de captura en su contra emitida por la CPI en marzo del 2023: la decisión relativa a Mongolia es del 24 de octubre del 2024, y por cierto, lleva la firma mancomunada del actual juez costarricense en la CPI5 Con relación a la no captura y entrega a la CPI del Presidente de Rusia, Tayikistán también ha sido objeto de una condena por parte de la CPI, en el mes de marzo del 2026.
Por cierto, estas decisiones de la CPI, que nunca fueron cuestionadas por ninguno de los 125 Estados Partes al Estatuto de Roma, confortan sin discusión alguna la idea que un Jefe de Estado objeto de una orden de captura emitida por la CPI ya no beneficia de los privilegios e inmunidades de los que goza todo jefe de Estado cuando viaja en el exterior.
Pese a la claridad meridiana de estas decisiones de la CPI, existen pequeños círculos (que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel) que continúan intentando establecer un falso debate ante la opinión pública defendiendo la idea que sí se imponen estos privilegios e inmunidades sobre una orden de captura emitida por la CPI. A estos distinguidos asesores de estos pequeños círculos de influencia (incluyendo los que gravitan alrededor de la embajada de Israel en Costa Rica), debería de poder llamarles la atención un hecho sencillo de observar: la reducción bastante drástica de viajes en el exterior del Presidente de Rusia y del Primer Ministro de Israel, desde el momento en que la CPI notificó la existencia de órdenes de arresto en su contra.
América Latina y el Estatuto de Roma.
La revisión del estadio oficial de las firmas y de las ratificaciones del Estatuto de Roma, que registra 125 Estados Partes al Estatuto de Roma, nos recuerda que Senegal fue el primer Estado en ratificarlo en febrero de 1999, siendo Ucrania el último en haber ratificado el Estatuto de Roma, en el mes de octubre del 2024.
No resulta de más recordar que en América Latina, el primer Estado en ratificarlo fue precisamente Venezuela en el mes de junio del 2000: por lo que el anuncio de la denuncia del Estatuto de Roma por parte de sus autoridades el 24 de julio del 2026 mediante el precitado tweet cobra mucha mayor relevancia, y debiera de haber provocado un repudio mucho mayor al observado, tanto en el seno de agrupaciones de profesionales en derecho y jueces como en organizaciones latinoamericanas de derechos humanos.
En América Latina, resulta oportuno indicar que los tres últimos Estados en ratificar el Estatuto de Roma fueron Chile (2009), Guatemala (2012) y El Salvador (2016). Siempre en la región latinoamericana, son tres los Estados que hasta la fecha, persisten en no ser Estados Partes al Estatuto de Roma: Cuba, Haití y Nicaragua.
Con relación a América Latina, en estos momentos la CPI mantiene abierta una investigación sobre Venezuela iniciada en el 2018, al tiempo que desestimó otra (siempre sobre Venezuela) iniciada a solicitud de las mismas autoridades venezolanas; y cerró una que tenía abierta sobre Colombia en el 2021.
Con respecto a Venezuela, cabe precisar que la investigación abierta en el 2018 fue objeto de una solicitud formal a la Oficina del Fiscal presentada conjuntamente por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Paraguay a la que se unieron posteriormente Uruguay y Ecuador en el 2024. Aquí también, en buena lógica, estos mismos Estados debieron de haber repudiado el anuncio de Venezuela de retirarse de la CPI del 24 de julio del 2026 y veremos que… no ha sido el caso.
Recientemente en El Salvador, varios expertos y organizaciones han solicitado que la CPI investigue las exacciones que sufren muchos salvadoreños, y el manto de impunidad campante que las acompaña, tratándose de exacciones que califican jurídicamente como crímenes de lesa humanidad6. La lectura de su informe es particularmente recomendada a diversos sectores políticos en América Latina, partidarios de una “política de mano dura” contra la delincuencia organizada inspirada en la experiencia salvadoreña, incluidos sus adeptos en Costa Rica.
Si bien han sido muchas las críticas hechas a la labor de la CPI, somos del criterio que, como toda institución internacional, su funcionamiento es perfectible. Ahora bien, la posibilidad (aún remota) que se establece, en los Estados Partes al Estatuto de Roma, para que algún día las víctimas de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad o de un genocidio, y sus familiares, vean a sus responsables enjuiciados en La Haya, constituye una manera de mermar la sed de venganza y de revancha de muchos en diversas partes del mundo: mientras que la impunidad genera ineludiblemente más violencia, la existencia de una jurisdicción como la CPI puede contribuir a frenarla.
EEUU y la justicia penal internacional.
Desde este punto de vista, el Estatuto de Roma constituye un valioso instrumento internacional para intentar poner fin a la impunidad campante que persiste cuando ocurren crímenes particularmente graves como el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Resulta oportuno recordar que este tratado multilateral a vocación universal logró entrar en vigor en abril del 2002, pese a una fuerte resistencia de algunos Estados, uno en particular empecinado en torpedear a como diera lugar los alcances del Estatuto de Roma: EEUU. Tuvimos la ocasión de señalar en el 2012, al cumplirse 10 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma que:
“Pocas veces en la historia del derecho internacional, una superpotencia habrá desplegado tanto esfuerzos, en el marco de una estrategia tendiente a minar y a torpedear sistemáticamente toda forma de apoyo a la CPI que pudiese limitar o entrabar su libertad de acción. De manera insólita, la firma del Estatuto de Roma por parte de la administración Clinton fue depositada el 31 de diciembre del 2000, último día para hacerlo (según el Artículo 125 del Estatuto de Roma), conjuntamente con Israel y con Irán”7.
Parte de las hostilidades contra la CPI en el 2002 consistieron en dedicar intensos esfuerzos de todo el aparato diplomático de EEUU para suscribir “Acuerdos Bilaterales de Inmunidad” (ABI), tendientes a resguardar al personal militar y civil norteamericano de cualquier eventual captura y envío a La Haya a solicitud de la justicia penal internacional.
En el caso específico de Costa Rica, este muy completo artículo de su Ex-Canciller en el período (2006-2010) detalla de manera muy completa el tipo de presiones recibidas para que Costa Rica suscribiera a como diera lugar, bajo amenazas comerciales incluso, un ABI con EEUU8.
Se recomienda la lectura del precitado artículo en su totalidad, tratándose además de un texto que merece una mención muy destacada: en efecto, salvo error de nuestra parte, no se cuenta con un ejercicio similar de acceso público por parte de ex jefes de aparatos diplomáticos con relación a las presiones muy similares que sufrieron los demás Estados de América Latina en aquella época. Cabe además recordar que Costa Rica fue el único Estado en Centroamérica en resistirse a firmar con EEUU un ABI en el período 2005-2006, de los más de 100 suscritos por EEUU en todo el mundo, siendo el primero de ellos el ABI suscrito con Israel en agosto del 2002.
El acento puesto de nuestra parte en el caso de Costa Rica y en el hecho de que no sucumbiera a las presiones norteamericanas para firmar un ABI responde a que se considera ejemplar que la diplomacia de Costa Rica mantuviera intacta su fidelidad a los principios enunciados en el Estatuto de Roma, a diferencia, en el continente americano, de Belice, Colombia, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y varios Estados anglófonos en el Caribe.
Un Presidente de EEUU sumamente hacendoso combatiendo de manera desvergonzada a la CPI.
Apenas instalado en la Casa Blanca a finales de enero del 2025, el actual ocupante de la Casa Blanca emitió sanciones contra el personal de la CPI: puede consultarse al respecto una nota oficial de la Casa Blanca del 6 de febrero del 2025. Estas sanciones norteamericanas contra la CPI son insólitas, y recuerdan las viejas técnicas mafiosas tendientes a intimidar a operadores de justicia, jueces y fiscales para que no hagan su trabajo.
Se trata de un detalle en la línea de tiempo que confirma la máxima prioridad dada por la actual administración norteamericana para intentar resguardar a las autoridades israelíes de la justicia penal de La Haya.
En aquella ocasión, la máxima autoridad norteamericana no tuvo reparo alguno en mencionar directamente a Israel como principal motivo de estas sanciones. Estas sanciones de febrero del 2025 dieron origen a una reacción de repudio de 79 Estados Partes al Estatuto de Roma (de 124).
Como ya viene siendo costumbre con las Executive Orders del actual ocupante de la Casa Blanca y las de su administración, estas sanciones fueron declaradas ilegales. En efecto, el 18 de julio del 2025, a modo de mensaje nada subliminal de la justicia norteamericana a los jueces de la CPI, se anunció que una jueza en EEUU suspendió la aplicación del Executive Order del Presidente de EEUU contra el personal de la CPI y sus colaboradores: se trató de una nueva decisión de la justicia norteamericana, que vino a añadirse a varias otras anteriores, declarando ilegales las diversas ocurrencias de su mandatario desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero del 2025.
En su decisión del 18 de julio del 2025, se lee que la jueza no quedó mayormente convencida por las motivaciones brindadas por el Poder Ejecutivo norteamericano:
“The Government says that the Executive Order advances an “ ‘important’ and ‘compelling’ ” government interest in “protecting the personnel of the United States and its allies from investigation, arrest, detention, and prosecution by the ICC without the consent of the United States or its allies.” Opp’n 20.5 Even assuming the importance of that government interest, the Executive Order appears to restrict substantially more speech than necessary to further that end. The Executive Order broadly prohibits any speech-based services that benefit the Prosecutor, regardless of whether those beneficial services relate to an ICC investigation of the United States, Israel, or another U.S. ally
/…/
Here too, the Executive Order appears to burden substantially more speech than necessary.
Accordingly, the Plaintiffs have established likely success on the merits of their First Amendment challenge to Section 3(a) of the Executive Order”.
Algunos apuntes adicionales con relación a la decisión de Venezuela.
La decisión dada a conocer por Venezuela en un tweet de su máximo representante diplomático debió de haber generado protestas por parte de las principales organizaciones de derechos humanos, tanto en Venezuela como fuera de ella, al buscar con esta decisión garantizar una futura impunidad a muchos responsables venezolanos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado en el territorio venezolano.
En el caso de América Latina, se trata del primer Estado Parte de la región en anunciar su intención de denunciar el Estatuto de Roma, lo cual debería de ser firmemente condenado y repudiado: invitamos desde ya a nuestros estimables lectores en América Latina revisar lo que han dicho sus autoridades diplomáticas desde el 24 de julio sobre Venezuela. Si no encontraron mayor comunicado de repudio, ello puede plantear interrogantes muy válidas sobre el grado de compromiso con la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, en particular de sectores políticos abanderados en los últimos años con la lucha por la democracia y por el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
A nivel de Naciones Unidas, un comunicado oficial del 27 de julio difundido desde el sitio del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas merece una particular mención, que contrasta con el silencio persistente de la OEA: en efecto, los diversos informes del Mecanismo de Investigación sobre Venezuela, creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde el 2019, detallan uno tras uno, la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela, que no ha ido sino empeorando con el paso del tiempo. El documental titulado De Macedonia, con amor, disponible en la red, realizado por jóvenes activistas en derechos humanos a raíz de las protestas multitudinarias observadas el 29 de julio del 2025 en Venezuela, retrata de manera bastante completa el profundo descontento de muchos sectores populares con las autoridades venezolanas, luego de anunciarse los resultados oficiales de las elecciones en julio del 2025.
Sí es de notar, en América Latina, la ausencia de reacciones oficiales por parte de otros Estados Partes al Estatuto de Roma, al anuncio de Venezuela del pasado 24 de julio.
Como si, desde la intervención militar ilegal de EEUU en Venezuela en enero del 2026 y desde la captura de su mandatario – no menos ilegal – por parte de EEUU9, los derechos humanos de los venezolanos y la impunidad campante por los crímenes cometidos en el pasado reciente, hubiesen pasado a un segundo plano. Sobre la operación norteamericana realizada en Venezuela en la noche del 2 al 3 de enero, resulta notoria la extrema celeridad con la que la diplomacia de Israel la celebró el mismo 3 de enero, así como el hecho que esta primera intervención norteamericana en América Latina en lo que va del siglo XXI, únicamente fuera saludada por Argentina y por Paraguay10.
Nótese que además de Argentina y de Paraguay, en los próximos días Colombia podría sumarse a este pequeño grupo de entusiastas Estados que aplauden y celebran las ilegalidades cometidas en el plano internacional por el actual ocupante de la Casa Blanca: su Presidente electo ya ha anunciado en este mes de julio que trasladará la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén, en abierta violación al consenso internacional existente desde 194711 sobre el estatuto internacional específico de Jerusalén.
A modo conclusivo.
El único Estado en el hemisferio americano (y posiblemente en todo el mundo…) en saludar y en congratularse por la decisión de Venezuela de denunciar el Estatuto de Roma, fue EEUU: al respecto, la lectura del comunicado oficial del Departamento de Estado12 merece particular mención y permite entender mucho mejor las omisiones del precitado tweet de la diplomacia venezolana, citado al inicio de estas reflexiones. Un entusiasmo tan grande como solitario por parte de EEUU delata de manera bastante clara la maniobra norteamericana, que ha encontrado en las actuales autoridades de Venezuela algo que aún no ha logrado obtener por parte de otros Estados.
Estas razones se explican aún mejor al recordarse que este tweet de Venezuela fue precedido de nuevas sanciones contra la CPI anunciadas por parte de EEUU, el pasado 13 de julio, sosteniendo sus máximas autoridades diplomáticas de manera bastante creativa13 que se trata de una jurisdicción que “amenaza la soberanía de EEUU”14.
La línea de tiempo indica como detalle de interés, que el 10 de julio, autoridades militares de Israel que llegaron en apoyo a las tareas de rescate luego del doble sismo en Venezuela del pasado 24 de junio, se reunieron con las máximas autoridades venezolanas: la reunión sostenida fue inmediatamente celebrada por la máxima autoridad en Israel15.
Sostener que la decisión de Venezuela de retirarse de la CPI es una decisión “libre y soberana” merecería ser matizado, en particular a la luz de todas las gestiones de diversa índole emprendidas por parte del aparato diplomático de EEUU contra la justicia penal internacional en este mes de julio del 2026.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
E-mail: nboeglin(a)gmail.com
Notas.
1 El comunicado y la foto de la condecoración del 17 de julio del 2026 pueden ser comparados al comunicado y a la foto del Salón Dorado del Ministerio de Relaciones Exteriores con un nutrido público con ocasión de la misma condecoración otorgada a la Embajadora española, Eva Martínez Sánchez, en el 2025, que en lo personal consideramos como una de las mejores que ha tenido España en Costa Rica: (véase comunicado disponible en el siguiente enlace: https://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=8446 ).
2 Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., ¿Impunidad o lucha por la justicia? Desde una Costa Rica ausente, apuntes con respecto al día conmemorativo de la justicia penal internacional, 15 de julio del 2026. Texto integral disponible en el siguiente enlace: https://derechointernacionalcr.blogspot.com/2026/07/17-de-julio-dia-internacional-de.html .
3 Cabe indicar un episodio muy poco referenciado por las grandes agencias de noticias que cubren a Naciones Unidas, y que tuvo lugar el 20 de noviembre del 2025: se votó la resolución trienal en el seno de la III Comisión de la Asamblea General, que reafirma la prohibición de la tortura y de los malos tratos. Por primera vez en los últimos decenios, se contabilizaron en noviembre del 2025 un total de 169 Estados votaron a favor, mientras que Argentina, EEUU e Israel votaron en contra. De estos tres Estados, únicamente EEUU procedió a explicar su voto en contra, con argumentos risibles si no se tratara de un tema tan grave (véase texto disponible en el siguiente enlace https://usun.usmission.gov/explanation-of-vote-for-unga80-third-committee-resolution-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading-treatment-or-punishment/ . Se registraron además 4 abstenciones que deberían de interpelar a muchos: Burundi, Papúa Nueva Guinea, Nicaragua y Rusia. Este detalle de la votación merecía, en nuestra modesta opinión, una mención en diversos medios informativos: mucho más llamativo resulta el hecho que haya pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y que muchas salas de redacción omitieran toda referencia a este intento por erosionar una regla internacional fundamental en materia de protección de los derechos humanos. ¿Realmente ya no interesará a nadie que hayan Estados objetando de manera tan desvergonzada la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos, crueles o degradantes? Usualmente, este resolución trienal de la Asamblea General de Naciones se adoptaba por consenso entre los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, tal y como ocurrió en ejercicios similares en el 2022, en el 2017 y en el 2014.
4 El texto de esta decisión de la CPI, muy poco comentada en la doctrina jurídica especializada, está disponible en este enlace oficial de la CPI: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd180c2a33e.pdf
5 El texto de esta decisión de la CPI, también muy poco comentada en la doctrina jurídica especializada, está disponible en este enlace oficial de la CPI: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf
6 El Salvador ha desarrollado en estos últimos años una política represiva de “mano dura” que ha originado un reciente informe por parte de un equipo internacional de juristas, el cual recomienda realizar gestiones ante la CPI por la reiteración de crímenes de lesa humanidad en El Salvador: véase al respecto el texto completo de este voluminoso y muy completo informe (298 páginas) reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense Surcos Digital y disponible en el siguiente enlace: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/GIPES-El-Salvador-en-la-encrucijada-crimenes-de-lesa-humanidad-bajo-la-politica-de-seguridad-publica-Informe-2026.pdf . Se recomienda la lectura de este documento, en particular por parte de quienes alaban la política de “mano dura” de El Salvador en Costa Rica, así como en algunas otras latitudes del continente americano.
7 Véase BOEGLIN N., “A 10 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma: breves reflexiones desde una perspectiva latinoamericana” en BOEGLIN N., HOFFMANN J. y SAINZ-BORGO J.C. (Ed.). La Corte Penal Internacional: Una perspectiva latinoamericana. University for Peace Press, San José, Costa Rica. 2012, pp. 1-16, p. 5. Obra completa con acceso al texto integral disponible en el siguiente enlace: https://www.academia.edu/10253286/La_Corte_Penal_Internacional_Una_perspectiva_latinoamericana .
8 Véase STAGNO B., “Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008 “en BOEGLIN N., HOFFMANN J. y SAINZ-BORGO J.C. Op. cit., pp. 304-331.
9 Véase al respecto BOEGLIN N., EEUU / Venezuela: las diversas reacciones oficiales registradas en América Latina ante primera la intervención militar norteamericana en América Latina del siglo XXI , 3 de enero del 2026. Texto integral disponible en el siguiente enlace: https://derechointernacionalcr.blogspot.com/2026/01/ataque-de-estados-unidos-venezuela.html .
10 El comunicado oficial de Argentina (disponible en este enlace https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/sobre-la-situacion-en-venezuela ) se congratuló de la acción llevada por EEUU, reproduciendo prácticamente el lenguaje y las valoraciones de EEUU de una manera bastante inusual. De igual manera se pronunció el aparato diplomático de Paraguay (véase comunicado disponible en este enlace https://www.mre.gov.py/wp-content/uploads/2026/01/COMUNICADO-.pdf ). Llama la atención que para estos dos Estados, el objetivo de la lucha contra el narcotráfico pareciera justificar acciones como las observadas en la noche del 2 al 3 de enero del 2026 en Venezuela. Se les sugiere (discretamente…) revisar y evaluar en qué medida la captura ilegal del general Noriega en 1989 por parte de EEUU en Panamá redujo sensiblemente los flujos de cargamentos de droga en dirección del mercado norteamericano.
11 Al respecto, no está de más remitir a nuestros estimables lectores en Colombia a lo que se lee en el capítulo sobre el traslado de la embajada de Costa Rica a Tel Aviv ocurrido en el 2007 y la gran cantidad de resoluciones de Naciones Unidas exigiendo el retiro de toda legación diplomática de Jerusalén, en una obra publicada en el 2013 por parte del ex canciller de Costa Rica en el período (2006-2010): véase STAGNO UGARTE B. Los caminos menos transitados: La Administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica 2006-2010, Editorial Universidad Nacional (UNA), 2013, pp. 29-75. Texto completo de la obra disponible en el siguiente enlace: https://euna.una.ac.cr/index.php/EUNA/catalog/view/92/32/29 .
12 El texto del comunicado oficial del Departamento de Estado está disponible en el siguiente enlace: https://www.state.gov/translations/spanish/venezuela-se-retira-de-la-cpi
13 La lectura de esta nota oficial del 13 de julio del 2026 del Departamento de Estado evidencia cuan creativos son sus actuales jerarcas, y de paso, un desconocimiento bastante extraño de los fundamentos del derecho internacional público: empezando por el hecho que si EEUU no quiere ser Estado parte al Estatuto de Roma, la CPI no tiene cómo ejercer sus competencias en un territorio que no está sujeto a su jurisdicción. Un artículo publicado en The Guardian el 16 de julio del 2026 (disponible en el siguiente enlace: https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/jul/16/international-criminal-court-marco-rubio ) por un reconocido experto en EEUU detalla la serie de inconsistencias de EEUU con respecto a la idea de “desmantelar” a la CPI y la total pérdida de credibilidad de su actual Secretario de Estado, al sostener que EEUU debe siempre estar en capacidad de “controlar” el derecho internacional. Más allá de la total pérdida de credibilidad de la actual administración norteamericana en este 2026, el no mencionar expresamente a Israel en la declaración del 13 de julio del 2026, claramente denota el grado de cinismo al que se puede llegar en aras de intentar resguardar a toda costa a los altos dirigentes israelíes de las acciones emprendidas en su contra por parte del Fiscal y por parte de los jueces de la CPI.
14 La nota oficial del mismo Departamento de Estado de EEUU (disponible en el siguiente enlace https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/07/state-department-launches-campaign-to-dismantle-international-criminal-courts-threat-to-american-sovereignty ) precisa que el objetivo consiste en “desmantelar” (sic.) a la CPI y que instrucciones muy precisas serán enviadas por EEUU a los Estados Partes al Estatuto de Roma para que lo denuncien.
15 Véase nota de prensa del Times of Israel del mismo 10 de julio del 2026, disponible en el siguiente enlace: https://www.timesofisrael.com/pm-hails-israeli-aid-team-for-rebuilding-relations-with-venezuela-after-17-years-of-severed-ties/
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