La creación del Grupo de Lima representa una clara evidencia de las transformaciones que experimentan las relaciones internacionales, forma parte de los mecanismos flexibles y dinámicos que se establecen en el sistema internacional para objetivos muy específicos y con una capacidad de acción tan amplia como los gobiernos estén dispuestos.

Ahora bien, para el logro de sus objetivos y ante la grave situación que enfrenta el país, se requiere de la reactivación y fortalecimiento tanto del Grupo de Lima, como de la unidad democrática; lo que implica, entre otros, una activa creatividad en la definición de las acciones y mayor efectividad tanto en el cumplimiento de los compromisos pautados, como en la coordinación entre los miembros del Grupo y con la oposición democrática.

El Grupo de Lima surge como una iniciativa de doce países del hemisferio, que se reúnen en la ciudad de Lima el 8 de agosto del 2017, con el objeto de explorar acciones concretas y ante la dificultad de lograr avances en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), para enfrentar la violación de los derechos humanos y la destrucción de la institucionalidad democrática en Venezuela. En su corta existencia el Grupo ha adoptado posiciones contundentes, tales como: desconocer la Asamblea Constituyente venezolana y todos los actos que emanen de ella y rechazar el fraude electoral que ha llevado a la reelección del Presidente Nicolás Maduro.

El Grupo también ha promovido iniciativas novedosas como la reunión de coordinación efectuada en Cartagena el pasado 12 de julio, a los fines de fortalecer la cooperación y el intercambio de información que permita establecer medidas para enfrentar tanto el uso que hace el gobierno de Venezuela de los alimentos y la ayuda humanitaria como arma de control social, así como las redes de corrupción que sostienen el gobierno autoritario venezolano.

En estos momentos que se agrava la situación venezolana, tanto en lo que respecta a la violación de derechos humanos con detenciones arbitrarias, incremento de los presos políticos, ausencia de legalidad jurídica; se acelera la destrucción de la economía, con el reciente conjunto de medidas que destruyen la producción y el empleo; y, persiste la destrucción de la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales; resulta prioritario promover la reactivación y fortalecimiento tanto del Grupo del Lima, como de la unidad democrática.

Con miras al fortalecimiento del Grupo se deberían considerar, entre otras, acciones tales como: la reactivación de la reunión de Cartagena con un mayor número de participantes, explorando más exhaustivamente las acciones a adoptar para enfrentar los ilícitos, el blanqueo de capitales y las redes de corrupción que ha desarrollado el proceso bolivariano.

El Grupo de Lima podría coordinar con los países del Mercosur la aplicación de medidas más contundentes como las previstas en el Protocolo de Ushuaia vigente.

La formulación de un programa efectivo de acciones frente a la grave situación venezolana debería acompañarse de una mayor participación y coordinación con otros gobiernos democráticos, organismos internacionales, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales. En este contexto se presenta como una urgente prioridad la organización y coordinación de las fuerzas democráticas venezolanas que hacen vida tanto el territorio nacional como en el extranjero para avanzar en un programa básico y articulado para la recuperación de la democracia.

Un aspecto que requiere atención en el Grupo tiene que ver con la coordinación y el liderazgo de las acciones que, en cierta medida, se ha debilitado desde la salida del Presidente Kuczynski del Perú. Cabe destacar que en estos momentos la región cuenta con nuevos presidentes en Colombia, Paraguay y Chile que podrían asumir la conducción del Grupo.

También sería conveniente fortalecer la coordinación de acciones con otros países e instituciones internacionales defensores de la democracia y los derechos humanos. La agenda de trabajo también debe incluir lo relativo a la presentación del caso venezolano ante la Corte Penal Internacional.

Por otra parte, en la región se debería propiciar una mayor coordinación con los gobiernos de Ecuador y Uruguay.

Adicionalmente, el Grupo debería ampliar su espectro de acción para incluir el respaldo al restablecimiento de la democracia en la hermana República de Nicaragua.

En este contexto el Grupo debería enfrentar las dudas que pueden plantear algunos gobiernos sobre la relación entre la soberanía y los derechos humanos; más concretamente, puede ser el caso del próximo Presidente de México, uno de los países más activos del Grupo de Lima, quien ha manifestado su interés en respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, desconociendo que este es uno de los caminos para promover el autoritarismo y la violación de los derechos humanos.

Adicionalmente, el Grupo de Lima debería incorporar en sus actividades la promoción de consciencia en el continente sobre el fracaso del proyecto populista autoritario y sus graves consecuencias sociales. En tal sentido, se debe enfrentar el falso discurso que promueven los gobiernos miembros de la ALBA y los seguidores del Foro Social de San Pablo, resaltando que los casos de Venezuela y Nicaragua representan la mejor evidencia de la generación de pobreza para perpetuar una camarilla en el poder.

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