El comunicado de Toronto del Grupo de Lima es claro y preciso. A buen entendedor pocas palabras bastan: tanto el archipiélago de la fracturada MUD, como el barrial del régimen, tienen que haber entendido el mensaje de enviado por la Comunidad Internacional a través de las 15 cancillerías de mayor peso y prestigio en la región y fuera de ella. El mensaje al oficialismo advierte que ya no están dispuestos a aceptar la ruptura del orden constitucional y las políticas represivas, violatorias de todos los derechos humanos, la detención injusta y contraria a derecho de los opositores a la protesta pacífica y a las aberrantes prácticas de tortura y otros tratos degradantes e inhumanos. Para la Comunidad Internacional la persecución, los ataques a la libertad de expresión, muestran la naturaleza y el carácter del régimen venezolano, situación que les preocupa por lo que a que han decidido colectivamente intervenir ante tales atropellos.
Seguramente el gobierno denunciara esta actitud como una “injerencia” contraria al Derecho internacional que ellos tanto invocan y violan día a día. Pero es oportuno recordarle al Señor Maduro y Arreaza la célebre frase de Lord Palmerston “los Estados no tienen amigos ni enemigos, tienen interés”. La intervención de la Comunidad Internacional se debe a que todos los anteriores problemas les salpican de algún modo y tienen relación directa con la paz y la seguridad regional e internacional. Al ser infiltrado sus sistemas financieros por la corrupción y dineros venidos del narcotráfico, agravado por la tenencia de pasaportes venezolanos en manos de terroristas, lógicamente tienen que intervenir en defensa de su interés
En cuanto a la multisápida MUD en términos romulianos, el mensaje fue mucho más contundente. Exhortar “a las diferentes fuerzas de oposición a mantener su unidad, ofreciendo un frente común programático, para lograr la solución de la crisis venezolana”. ¡Qué vergüenza!
En su declaración el Grupo de Lima reiteró su desconocimiento a los “actos emanados de la moribunda ANC” (recuérdese que fue disuelta por el legítimo TSJ), lo cual se entiende como una desaprobación a los 4 gobernadores juramentados ante la moribunda Asamblea; exigió la “inmediata liberación de todos los presos políticos”, condición sine qua non que impuso la MUD pero que luego la convirtió en negociable; a diferencia de muchos líderes de la oposición puso en duda los resultados de las regionales y manifestó que la “única salida pacífica” es un “acuerdo negociado, con acompañamiento internacional. Electoralmente recomienda la renovación de un CNE por la legítima Asamblea Nacional y el establecimiento de un cronograma de elecciones las que debían ser supervisadas por observadores electorales independientes.
La Comunidad internacional ha hecho todo lo que debía y más de lo que podía hacer; no obstante es lamentable que después de casi 20 años de un sistema totalitario disfrazado de democracia tengan que venir desde afuera a poner orden en la mesa.
@grevanales