Por primera vez en nuestra historia, Venezuela fue obligada a sentarse “en el banquillo de los acusados” ante los 15 miembros que integran el Consejo de Seguridad, convocados para conocer  los alcances de la crisis venezolana en base al Informe presentado por el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos de la ONU, Miroslav Jenca.

Como era de esperarse, el oficialismo apoyado por aliados como Bolivia – miembro no permanente hasta el 2018- llegó al absurdo de afirmar que el tema no formó parte de la agenda. Si estuvo en la agenda pero es cierto que la reunión se realizó a puertas cerradas, que representa una de las modalidades que realiza la ONU para la “prevención de conflictos” pudiendo operar cuando existe una preocupación de que una situación pueda escalar a situaciones más graves. En ese sentido se pronunció la Embajadora de Estados Unidos Nikki Haley cuando afirmó que la inestabilidad en Venezuela requería que se incluyera en la agenda como un esfuerzo de “prevención” porque “ya hemos ido por ese camino antes con Siria, Corea del Norte, Sudan del Sur, Burundi”: Un grupo de países que no debería hacer sentir nada orgullosa a la diplomacia bolivariana!

Uruguay -a quien le correspondió  presidir de manera rotativa esa reunión del Consejo-  tratando de ayudar a su aliado venezolano, dijo que a su juicio el “tema no tenía que estar en la agenda, porque Uruguay prefiere mantener eso en los organismos regionales”  Pero lo que no recordó el diplomático es que la torpe salida de Venezuela de la OEA, abre las puertas para obviar que sea tratado por el máximo organismo hemisférico, con lo que la ONU puede procurar directamente recomendar una solución pacífica de la controversia de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta . Ello además, no excluye que la OEA también trate el tema el 31 de Mayo. Algo parecido sucedió cuando el Gobierno denunció la Convención Interamericana de Derechos Humanos pensando que no se le aplicarían las recomendaciones de la CIDH o de la Corte Interamericana de DDHH, y la consecuencia es que ahora, es en el ámbito de la ONU en virtud de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se trata el tema. El nerviosismo del Gobierno lo ha llevado a “dispararle al mensajero”, al anular el pasaporte del Gobernador Henrique Capriles para impedir la reunión acordada con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

El Consejo de Seguridad es el organismo que tiene la responsabilidad de velar por la Paz y la Seguridad Internacional. Esta primera reunión puede abrir otras. La preocupación es evidente fuera de nuestras fronteras por declaraciones como las anunciadas por el Presidente Maduro de convocar 500.000 milicianos y la oferta de entregarles armas, que hizo reaccionar a Colombia. Se suma la masiva diáspora de refugiados desesperados.

En relación a la reunión del 17 de Mayo, ya se sabía que siendo informal y “a puertas cerradas”, no se adoptaría ninguna resolución. Pero lo que si debe preocupar al Gobierno, es que se trata de una campanada de alerta, y que debe escuchar el clamor internacional. El Consejo de Seguridad es el único organismo que tiene la potestad del uso legítimo de la fuerza; o de imponer un embargo económico; o de elevar la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional en base al Tratado de Roma. Debería ser escuchado ateniéndose a cumplir con la Constitución y acuerdos internacionales para llegar a una transición en paz.

@milosalcalay

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