El pueblo venezolano parece escéptico sobre la efectividad de la presión internacional y no es una posición caprichosa, en parte es el resultado de varios años de liderazgo de la poderosa chequera petrolera comprando silencios y complicidades; pero la chequera se está agotando, el falso discurso se está desmoronando, el autoritarismo se está exacerbando y ha tocado fondo con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional.
Pero si el escepticismo del pueblo ha crecido, el rechazo e indiferencia del proceso bolivariano frente a la Comunidad Internacional se fue tornando colosal y estos días se ha desbordado. Primero, con los impresionantes insultos del Representante venezolano en la OEA contra: la institución, el Secretario General y un importante número de países miembros y, más grave aún, estando en plena crisis internacional y con la soberbia y desprecio que le caracteriza al proceso frente a la comunidad internacional, ordenó al TSJ la anulación de la Asamblea Nacional. El resultado, como lo estamos observando, una impresionante reacción crítica del Mundo, incluso de sus amigos, que lo llevó a improvisar un “plan b”, para tratar de apaciguar al planeta, pero el daño ya está hecho y el rechazo parece indetenible.
En el mar de contradicciones y falacias que ha resultado el proceso bolivariano, desde sus inicios la temática internacional se presentaba como fundamental. Recordemos que se idealizaba el país potencia, que propiciaba la transformación del orden mundial. Tan colosal proyecto arrancó con la destrucción de los mecanismos más cercanos: el retiro de la Comunidad Andina y del Grupo de los Tres; pero, de inmediato se hacen evidentes las contradicciones del falso discurso, se pregonaba cambiar el Mundo, pero realmente lo que se promovía era imponer la rígida visión de la soberanía absoluta, para impedir que la Comunidad Internacional fuera un límite a las tropelías del autoritarismo interno. En este contexto, resultaba fundamental rechazar el carácter universal de los derechos humanos y de allí la denuncia del Tratado de San José, que crea el Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos.
La tendencia autoritaria se fue desarrollando progresivamente, controlando todas las instituciones, limitando la libertad de expresión, criminalizando la protesta y en general violentando los derechos humanos; empero, buena parte de la comunidad internacional disfrutaba del despilfarro de la chequera petrolera y aplaudía el falso discurso.
Cuando la chequera petrolera se fue agotando y el modelo de expropiaciones, invasiones y destrucción de la economía fue generando los frutos que estamos viviendo de: desabastecimiento e inflación, que el proceso define como guerra económica, se recurre a un mayor autoritarismo, violencia y violación de los derechos humanos. Afortunadamente el Secretario General de la OEA el Sr. Luis Almagro responsablemente decidió utilizar el Articulo 20 de la Carta Democrática Interamericana, denunciar la grave situación venezolana con su primer informe presentado en mayo del 2016 y solicitar la evaluación del caso en el Consejo Permanente de la OEA. En gran medida, gracias a ese esfuerzo se ha incrementado la crítica internacional, pero el proceso bolivariano ha despreciado la situación y, para silenciarla utilizó la intervención del Sr. Samper quien desde la Unasur organizó el equipo de Zapatero, para aparentar negociar y ganar tiempo.
En la medida que la crisis interna e internacional se agrava, al proceso se le ocurre la maravillosa opción del “autogolpe” y utilizando la inefable Sala Constitucional del TSJ adoptan las sentencias 155 y 156, que finalmente eliminan la Asamblea Nacional. El resultado inmediato una reacción crítica sin precedentes de la comunidad internacional. Ante lo inaudito y contundente de la reacción mundial, que nos reivindica tanto con la democratización de las relaciones internacionales, como con el papel de la ética en la dinámica mundial, el proceso recula y construye un escenario de cambio con el protagonismo de la Fiscal General. Ahora se trata de minimizar el autogolpe a un simple “impase de conceptos entre el TSJ y la Fiscalía”.
La Comunidad Internacional está actuando clara y efectivamente, y ahora ella podría reclamar una mayor acción interna. En primer lugar podría cuestionar las debilidades de la unidad, los personalismos, los prematuros sueños presidenciales cuando vivimos aires de dictadura. Enfrentamos una etapa aciaga que exige: unidad, coherencia y acción. No son tiempos para las divisiones.
El proceso por su parte se encuentra en uno de sus peores momentos, en una crisis económica colosal y sin mayores posibilidades de recursos para mantener su populismo y corrupción; un desprestigio internacional creciente y algunas fisuras al interior del poder que ya se sienten; empero la soberbia no les permite negociar. En su estilo autoritario solo sabe dar órdenes y no quieren aceptar que se agota su poder.
Desde el MERCOSUR le han enviado un mensaje de negociación con la Declaración que adoptaron los Cancilleres en la reunión del sábado 01 de abril, de nuevo la comunidad internacional ha evitado las sanciones y promoviendo diálogo y negociación. También la OEA está privilegiando el diálogo sobre las sanciones. Ahora bien, la arrogancia del proceso no se ha hecho esperar para rechazar en los peores términos y con un lenguaje vergonzoso la propuesta del Mercosur. Pareciera que el proceso aspira que lo sancionen para, siguiendo el libreto de la dictadura cubana, mantener el falso discurso de victima anti-imperialista; pero en la práctica se está ahogando en sus contradicciones. Esperemos que esta larga, lamentable e inútil experiencia bolivariana contribuya a consolidar el espíritu democrático y libertario en Venezuela.