La trágica situación que vive Venezuela fue evaluada por los cancilleres de la región americana en la antesala a la Asamblea General de la OEA celebrada en México en junio pasado. Los resultados de la Reunión de Consulta no tuvieron un efecto práctico que contribuyera a solucionar la gravísima crisis política, económica y social por la que atraviesa el país. La decisión de la máxima instancia política de la Organización fue la deno actuar, dejar las cosas como están y ver cómo,a corto plazo, evoluciona la situación venezolana para, de ser necesario, evaluarla de nuevo. Lo relevante de este resultado son las incongruencias que entraña. No fue ni es consecuente con las demandas de libertad, justicia y progreso de la sociedad venezolana, ni con las reiteradas exigencias de respeto a los derechos humanos y de la democracia presentadas por la mayoría de los Estados miembros de la Organización. Quedó claro que tal resultado respondió alos intereses de los gobiernos de un grupo de pequeños países atados al régimen venezolano desde el punto de vista más crematístico que ideológico.

La decisión de no actuar podría ser interpretada desde varios ángulos. Ante todo, invalida el manido argumento “revolucionario” que acusa a la Organización de los Estados Americanos de ser una herramienta institucional al servicio de las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos. Es comprensible que éste país ejerza una considerable influencia sobre la Organización si se toma en cuenta que  el 59,47% de su presupuesto anual proviene de fondos y partidas estadounidenses, mientras que el 34,38 % se reparte entre Argentina, Brasil, Canadá, México y Venezuela, y el 6,15 % restante es responsabilidad de los otros países de América Latina y El Caribe, entre los cuales se encuentran los que bloquearon, con su abstención o voto contrario, la aprobación de la denominada declaración de los 20 copatrocinada, precisamente, por Estados Unidos. Aún más, la decisión deja sin sustento alguno el argumento principal que esgrimió el régimen venezolano para solicitar la salida y posterior desincorporación de Venezuela del organismo regional.

La violación del derecho a la vida en Venezuela, cuya prueba más concluyente ha sido el brutal asesinato de jóvenes venezolanos que protestan contra el régimen por causa de la espuria asamblea nacional constituyente, por la ruptura del orden constitucional y por la insoportable crisis económica, fue un asunto relegado a un segundo plano por los gobiernos de esos pequeños países que decidieron dar preeminencia al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.Un mecanismo procedimental dirimió la pugna discursiva entre las delegaciones que bregaban por este principio y las que lo hacían a favor de los valores e ideales asociados a la democracia y los derechos humanos. Esta lamentable circunstancia denota que, pese a las reformas emprendidas en el seno de la Organización a partir de la última década del siglo pasado, aún permanecen serias debilidades que es necesario corregir. Si bien la OEA es una de las organizaciones intergubernamentales que mejor hace valer el principio de igualdad jurídica de los Estados, la tradicional exigencia reglamentaria impuesta a la Reunión de Consulta de Cancilleres de alcanzar los votos de las 2/3 partes de sus miembros para hacer efectivas las decisiones sobre cuestiones fundamentales,constituye una rémora que debe ser subsanada.

El otro criterio que la disidencia caribeña expuso para separarse a última hora de los acuerdos previamente negociados en torno al proyecto de declaración fue el papel que ha jugado Almagro en torno a la crisis venezolana.A juicio de algunos gobiernos de esa subregión el Secretario General de la OEA es un funcionario que debe guardar una suerte de sumisión a quienes lo eligieron para ese cargo, y en tal sentido, no está entre sus atribuciones cuestionar o juzgar los asuntos internos de los Estados miembros. No cabe duda que este criterio es un artificio retorico al que apelan los gobiernos de esos Estados insulares, algunos de ellos considerados “paraísos fiscales”, para protegerse de eventuales investigaciones que dejen al descubierto actos de corrupción administrativa, legitimación de capitales o violaciones a los derechos humanos.Sobre este punto cabe mencionar la información que maneja el American Enterprise Institute (AEI), centro de investigación estadounidense, el cual señala en unos de sus recientes informes que“tal vez uno de los medios más importantes de la red criminal internacional de Venezuela es el ALBA y Petrocaribe”, entidades que permitieron la creación de “unas redes para el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, corrupción política y otras actividades criminales transnacionales”. No obstante, estos son supuestos que deberán comprobarse una vez que el manejo de la información oficial sea transparente.

Estas discrepancias entre los intereses políticos y económicos, incluso de intereses  particulares de quienes están en funciones de gobierno, y el respeto a los derechos humanos y de la democracia exigidos por una mayoría evidente,revelaron una vez más la incapacidad de la Organización de constituirse en una eficiente herramienta institucional para la resolución de conflictos domésticos de sus Estados miembros. Esta incapacidad muestra, a su vez, que tales crisis son y deberán ser resueltas por las fuerzas sociales y políticas que rivalizan por el poder en el plano interno, aun al más elevado costo para las partes. En la actual crisis nacional, la dictadura asume el costo político de la represión, de los asesinatos, detenidos y torturados, mientras que la oposición democrática asume el elevadísimo costo que representa la entrega de la vida y de la libertad de quienes la personifican.

De allí que el categórico empuje de las fuerzas democráticas opositoras al régimen se haya mantenido hasta traspasar el punto de no retorno en el camino hacia el cambio de gobierno en Venezuela. La reacción de los cuerpos de seguridad del Estado ha sido tan cruenta, ignominiosa e infame que ha conmocionado sobre manera a la sociedad venezolana y sensibilizado a la Comunidad Internacional. Entre las decenas de asesinatos cometidos por agentes del régimen, el del joven David Vallenilla, cuyo fusilamiento a sangre fría fue grabado y divulgado dentro y fuera de Venezuela, causó el mismo estupor, repudio y condena que aquel asesinato del corresponsal de ABC, Bill Stewart, profusamente divulgado por televisión, quien fuera ejecutado vilmente por un soldado somocista en medio de la guerra civil nicaragüense.Así como ese asesinato marcó la caída de Somoza, el asesinato de Vallenilla marcó la caída de Maduro.Desgraciadamente, esos hechos cruentos son los que marcan el desenlace de las crisis nacionales. La presión internacional, y por supuesto la de los organismos multilaterales como la OEA, coadyuva con la solución de una crisis doméstica, pero difícilmente está en condiciones de determinar su final.

@PozzoBracho