Venezuela en la Cumbre Iberoamericana – Por Carlos Pozzo Bracho
La Cumbre Iberoamericana que se realizará en el Principado de Andorra girará en torno a la incidencia de la pandemia del SARS-CoV-2 y a la capacidad de respuesta de los países iberoamericanos, teniendo como telón de fondo las exigencias del desarrollo sostenible que se derivan de los objetivos y metas aprobados por las Naciones Unidas en el año 2015. Las reuniones preparatorias de los coordinadores nacionales se han focalizado en el diseño de programas de cooperación en materia de salud pública y de género, así como en “asuntos de relevancia política para la región”, según lo manifestado por la Secretaría General Iberoamericana.
La discusión sobre asuntos de naturaleza política al más alto nivel gubernamental en el ámbito iberoamericano indica que son altas las probabilidades para que la Cumbre se vea condicionada por las tensiones que se manifiestan actualmente en las relaciones entre Estados de América Latina. En ese escenario, la crisis de Venezuela podría constituir un factor de perturbación en vista de sus implicaciones que no solo obstaculizan el desarrollo sostenible en la región, sino también porque afectan la seguridad, los derechos humanos y la democracia en otros países de Latinoamérica. Esta circunstancia tendría, sin duda, incidencia en el trabajo de concertación, dialogo y cooperación que son propios del mecanismo multilateral iberoamericano.
La noción del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas se ha venido utilizando como un recurso en la retórica de los gobiernos latinoamericanos que aún se apegan a la tesis del socialismo del siglo XXI. El caso de Venezuela es el mejor exponente de esa retórica pues a pesar del discurso, las gestiones y omisiones del régimen van en sentido contrario al enfoque del desarrollo sostenible instituido por la Comisión Brundtland en el año 1987, el cual supone la armonización política de las tres dimensiones fundamentales de una realidad nacional, la social, la económica y la ambiental, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de desarrollo y bienestar de las generaciones presentes y futuras.
No obstante su actitud proclive al paradigma del desarrollo sostenible, la elite que aún se apega al poder bajo la seudo ideología del socialismo del siglo XXI solo puede mostrar retrocesos extremadamente preocupantes en materia de desarrollo en Venezuela. Los aspectos significativos en la dimensión social nacional que incumben a Latinoamérica giran en torno los graves problemas que, siendo generados en Venezuela, afectan a varios países de la región. El principal problema sustancialmente certificado lo constituye la tragedia social causada por la inmigración forzada de ciudadanos venezolanos a diferentes países de América Latina, en particular hacia aquellos que comparten fronteras terrestres y marítimas con Venezuela. Las consecuencias sociales del éxodo masivo de venezolanos han generado la necesidad de desplegar misiones humanitarias con el propósito de mitigar las duras condiciones que afrontan tanto las personas desplazadas como los países receptores, condiciones agravadas por la pandemia del COVID-19.
La grave situación social por la que atraviesa Venezuela podría ser resumida con base en el índice que utiliza el PNUD para medir el desarrollo humano en los países miembros de las Naciones Unidas. Dicho índice proporciona datos relevantes sobre el retroceso del desarrollo humano en Venezuela, sobre todo en las áreas relacionadas con la salud y la esperanza de vida, con la educación y el conocimiento, así como con el nivel de vida, el empleo productivo y el ingreso. De acuerdo a la “Nota informativa para los países acerca del Informe sobre Desarrollo Humano 2020” presentada recientemente por el PNUD, Venezuela ocupó la posición 113 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) con un promedio inferior al de todos los países de América Latina y El Caribe.
Las dimensiones económica y ambiental del desarrollo sostenible evidencian, igualmente, retrocesos alarmantes en Venezuela. Los informes recientes elaborados por el Banco Interamericano del Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional indican que la economía de Venezuela tendrá una contracción entre el 10% y el 15% del Producto Interno Bruto durante el año 2021, acompañada por una indetenible hiperinflación que genera una pobreza que ya afecta al 89% de la población venezolana. Cabe destacar que esta realidad económica se debe, entre otros factores, al desmantelamiento del aparato productivo del país por vía de medidas punitivas contra los sectores de la economía manejados por empresas privadas y a la ineficiente administración de las industrias básicas del Estado encargadas de la explotación y comercialización de los principales productos de exportación.
La deliberada devastación forestal acometida en el denominado Arco Minero, el uso permitido de mercurio en la minería ilegal, los numerosos derrames petroleros en las zonas marítimas y lacustres venezolanas, junto a la contaminación por desechos en los centros urbanos confirman la incapacidad del régimen de atender los compromisos asumidos por Venezuela a nivel global y regional relacionados con la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, en particular con su contribución a la solución del problema del cambio climático y de la perdida de la diversidad biológica.
La responsabilidad que en esta crisis multidimensional tiene el régimen venezolano ha sido el principal elemento que ha obstaculizado el flujo de la cooperación hacia Venezuela. La información divulgada por la Secretaría General Iberoamericana expone que actualmente Venezuela ocupa una posición marginal en las modalidades de cooperación instituidas en el marco de la gestión de las Cumbres Iberoamericanas. Tales modalidades se corresponden con la Cooperación Sur-Sur Bilateral, la Cooperación Triangular y La Cooperación Sur-Sur Regional, siendo el fortalecimiento institucional, la inclusión social, la igualdad de género, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la educación y la cultura, así como la innovación tecnológica, las áreas en las cuales se materializan esas modalidades de cooperación.
En los gráficos divulgados por la Secretaría General Iberoamericana, por ejemplo, Venezuela ocupa el último lugar, después de Nicaragua, en lo que atañe a la “Participación de los países en la CSS Bilateral en Iberoamérica, según acciones y proyectos” correspondientes al año 2019, mientras que en lo atinente a la “Participación de los países iberoamericanos en la Cooperación Triangular, según acciones y proyectos” en ese mismo año, Venezuela no figuró del todo.
Teniendo este contexto de fondo, la cuestión de la representación de Venezuela en la Cumbre Iberoamericana de Andorra ha sido, hasta ahora, manejada entre bastidores. La información conocida ampliamente a nivel internacional con respecto a la responsabilidad del régimen venezolano por la grave crisis política, social, económica y ambiental en Venezuela, así como sus implicaciones regionales, habría aportado elementos contenciosos con respecto a la legitimidad de los representantes del régimen venezolano, muchos de los cuales están sujetos a medidas restrictivas individuales aplicadas por un importante número de países americanos y europeos.
Esta circunstancia es de crucial valor pues trasciende el carácter procedimental para constituirse en un asunto de envergadura en la política multilateral intrarregional. La admisión de Maduro como representante de Venezuela podría provocar una división sensible en la Cumbre Iberoamericana entre los gobiernos que han asumido una postura tolerante y aquellos que han expresado, oficialmente, su rechazo a la autocracia dominante en Venezuela. El aspecto significativo del debate sobre esta cuestión estaría girando en torno al respaldo de la democracia como sistema político y al repudio a la autocracia como sistema de gobierno, a la legitimidad del gobierno democrático interino y a la ilegalidad del régimen autocrático que controla las instituciones formales venezolanas. En todo caso no sería temerario afirmar que, por estas razones, Venezuela podría perturbar el consenso que, como regla fundamental para la toma de decisiones, ha asumido el sistema iberoamericano en su condición de mecanismo de concertación y diálogo político.