¿Migrar o no migrar? ¿Me quedo así esté pasando trabajo o me aventuro a probar suerte en otro lugar? ¿A dónde voy? ¿Me irá bien? ¿Cómo hacer con el título? ¿Necesito visa, permiso de trabajo? ¿Podré integrarme a una nueva cultura? Algunos ni se plantean estas preguntas. Para ellos es cuestión de vida o muerte. Y entonces cabe hablar de la responsabilidad de proteger, noción que se está abriendo camino en el ordenamiento jurídico internacional, en el marco de la defensa de los DDHH, pero que todavía debe probar su eficacia en la práctica.
La responsabilidad de proteger fue concebida en la cumbre mundial de las Naciones Unidas de 2005 para abordar el fracaso en prevenir y detener los genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad.De Ruanda a Srebrenica, se fue acumulando la vergüenza y se pensó que lo conveniente era modificar el marco legal. Así, esta idea de fuerza está desplazando a otras figuras tradicionales de derecho internacional como la intervención humanitaria, ya que suma al deber de actuación, los de prevención y reconstrucción posterior, dándole un significado práctico al concepto de Comunidad Internacional, ahora que se aboga, con mayor intensidad, por la defensa de los derechos humanos. Según (ANUE, 2018) .la llamada responsabilidad de proteger estipula que:
- El Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a la población de estos crímenes atroces.
- La Comunidad Internacional tiene la responsabilidad de ayudar a los Estados en el cumplimiento de esta responsabilidad.
- La Comunidad Internacional debería utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros pacíficos para proteger a las poblaciones vulnerables. Si un Estado no actúa, o es en realidad el autor de los crímenes, la Comunidad Internacional debe estar preparada para tomar medidas más fuertes, incluyendo el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de la ONU.
Algunos no pueden esperar. Es el caso de los cientos de miles de africanos que se aventuran en el mediterráneo, huyendo de situaciones extremas, incluyendo genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es el caso de los 629 migrantes que zarparon de Libia y a los que esta semanael nuevo ministro del interior italiano, Matteo Salvini, les negó la entrada, después de haber sido rescatados en alta mar por SOS Mediterranée, una organización humanitaria (BBC Africa, 11junio, 2018).El cruce marítimo de Libia a Europa ha cobrado más de 2.000 vidas en lo que va de año: hombres, mujeres y niños desesperados se amontonan en pequeñas embarcaciones que parten rumbo al viejo continente donde aspiran labrarse un mejor futuro. Por lo general, consiguen su rincón de sueño después de atravesar varias fronteras terrestres y desembolsar cuantiosas sumas de dinero sudadas en el marco inhumano de la trata de personas. Por eso actúan las ONG, para reducir estas cifras de muerte; pero su labor está siendo fuertemente criticada pues, de alguna manera, contribuyen a que el flujo continúe.
No son la solución, lo saben. La solución está en manos de los gobiernos, que son los que tienen la responsabilidad de proteger. Sin embargo, algunos Estados continúan aferrándose a su soberanía y ven con recelo como este avance doctrinario hace tambalear la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, al relativizarla por razones humanitarias.
En el caso de Italia, puerta de entrada para los migrantes africanos, en el corto plazo el problema gira en torno a la soberanía. Cuántos recibir y con qué beneficios. Pero el meollo del asunto pasa nada menos que por el desarrollo de África.
¿Qué decir de Venezuela, donde el tema de las migraciones está en la sobremesa de casi todos porque alguien se nos fue, porque queremos irnos y nos preocupa que los caminos se están cerrando? En nuestro caso, la responsabilidad de proteger es clave para entender tanto los dictámenes de la ONU, que algunos de los vecinos preocupados al verse sobrepasados por la realidad quisieran ignorar, como el terror de Maduro a reconocer que existe una emergencia humanitaria y su estampida de los organismos multilaterales.
Teniendo el Estado una responsabilidad primaria de velar por la existencia y bienestar de su población, posee también —de acuerdo al principio tradicional de soberanía estatal— la facultad de determinar si existe o no un estado de emergencia humanitaria y reaccionar adecuadamente frente a ella. A eso se aferra. Pero, por más que se esfuerce en esconder/ maquillar las cifras a nadie, adentro o afuera, le cabe ya la menor duda respecto a que en Venezuela la emergencia es política de Estado. La OEA dictaminó que hay fundamento para hablar incluso de crímenes lesa humanidad, al menos desde 2014, y estos no prescriben e implican responsabilidad individual (El Nacional, 29 mayo, 2018).
Así que, no importa cuando corra, le seguirá su sombra.
La “responsabilidad de proteger”, como propuesta liberal para las relaciones internacionales incomoda, sobre todo a los regímenes autoritarios. Esto, sin duda, continuará entorpeciendo su implementación. Lo que aquí ocurra será parte de la historia de su evolución.En lo particular no me cabe la menor duda de que es el camino correcto.Los derechos humanos son universales y punto. Si nos organizamos y actuamos en coordinación con la Comunidad Internacional, no hará falta irse ni llegar a medidas extremas.
@mariagab2016