El 30 de enero de 2018, mediante un burocrático comunicado publicado en su portal, la Secretaría General de las Naciones Unidas daba fin a la luenga intermediación del Secretario General, pautada en el Acuerdo de Ginebra de 1966, en la búsqueda de una solución práctica al secular diferendo sobre el territorio del Esequibo entre Venezuela y Guyana a raíz del Laudo Arbitral de 1899.
En reemplazo de los “buenos oficios” de los que la ONU estaba responsabilizada por las Partes al Acuerdo de Ginebra, el actual Secretario, Sr. António Gutérres, decidió enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En sustento de su decisión argumentó que su predecesor, Sr. Ban Ki Moon, quien cesó en sus funciones a fines de 2016, había establecido un proceso de “buenos oficios con mandato reforzado de mediación”, apoyada en un Representante Personal dedicado al tema, que ésta no había hecho progresos sustanciales durante el año de plazo que se había fijado para ello, y que dada tal situación, se aplicaba lo decidido y avisado de manera unilateral por dicho predecesor, de pasar el caso a la Corte. Una lavada de manos al mejor estilo de Poncio Pilatos.
Se puede razonablemente preguntar, dado que la Secretaría General de la ONU conoce de mucho tiempo atrás y, digámoslo sin ambages, a la perfección, su propia carencia de iniciativas durante casi todo el proceso de Buenos Oficios, y está familiarizada tanto o más aún con la continua y sistemática pasividad guyanesa, dejando ambos, ex profeso, toda la carga de concebir y hacer viable la deseada “solución práctica” en espaldas venezolanas, si los Buenos Oficios alguna vez fueron asumidos a plenitud. No luce haber sido el caso.
Más allá de canalizar propuestas en relación a la persona del “Buen Oficiante”, siempre por cierto curiosa e insensatamente pertenecientes al bando caribeño, la Secretaría General de la ONU, salvo prueba en contrario, pareciera haberse limitado a ser un ente pasivo, observador benevolente de un ejercicio sobre el cual nunca asumió con seriedad la responsabilidad encomendada, y sobre la cual se limitaba a conversar con los altos representantes de las Partes en ocasión de las sucesivas Asambleas Generales de la Organización y a incluir una somera referencia en su informe anual de actividades.
Es también cierto que Venezuela tuvo en buena medida la posición de no permitirle demasiada capacidad de iniciativa al Secretario General, prefiriendo ser ella quien asumiese el liderazgo sustantivo del proceso, sea para frenarlo –caso del Protocolo de Puerto España de 1970– sea para orientarlo, caso de una fórmula de solución basada en la proyección marítima de la frontera terrestre. Quizá por ello, a la hora de tratar de entender lo sucedido, más allá de la displicencia con que sin duda actuaron la ONU y Guyana, surge también la interrogante de por qué Venezuela no tiene cómo mostrar progresos en haber canalizado el caso hacia una solución.
El estancamiento del proceso de buenos oficios era ya patente antes de llegar el Sr. Hugo Chávez a la presidencia de la República. Sin duda en ello tuvo responsabilidad la crisis política y económica del país que centró esfuerzos y recursos en intentar salvar la democracia y en salvaguardar al país del colapso institucional, económico y social. Venezuela, en alguna medida, necesitaba el statu quo. Si los presidentes Velásquez y Caldera, pudiera alegarse, tenían otras graves urgencias de política internacional, incluida la agresión de la guerrilla y el narcotráfico colombianos en la frontera Oeste, no así pueden alegar ni el régimen chavista ni su sucesor.
Nada excusa a los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, en el poder durante ya casi dos décadas, en haber no solo permitido sino incluso justificado y auspiciado la consolidación de la posesión de facto del territorio por Guyana, incluidos los espacios marítimos del mismo, y su cesión a terceros para la explotación de sus riquezas naturales. Nada. El entreguismo demostrado mediante declaraciones políticas comprometedoras, cooperación unilateral, aceptación silenciosa de situaciones de hecho, y volteretas normativas en materia de control de espacios terrestres y marítimos, sólo puede atribuirse a la más lamentable irresponsabilidad. Y la consecuencia lógica ha sido que si antes Guyana tenía interés táctico en no darle contenido a los buenos oficios del Secretario General de la ONU y lo traducía en pasividad y obstruccionismo, desde hace dos décadas tiene clara justificación en sentirse avalada por las acciones y flagrantes omisiones de su propio contrario. El paso siguiente era obvio y Guyana lo tomó desde 2015-2016, impulsada por la promesa de una prosperidad petrolera basada en los yacimientos costa afuera de la Zona en Reclamación: ponerle fin a los buenos oficios y pasar a una solución jurisdiccional, terreno en el cual desaparece, si se acepta, la base conceptual misma del Acuerdo de Ginebra, es decir, la búsqueda armónica y consensuada de una solución práctica.
Los insultos de Guyana a Venezuela, proferidos desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas por el General Granger, presidente de ese país, en 2016 y repetidos en 2017, tienen pocos ejemplos de similar cinismo y manipulación pero también pocos de tanta efectividad. El Sr. Ban Ki Moon no dudó mucho en hacer lo que se le pedía, pasar el tema a la CIJ, y se permitió el disimulo de pasar la ejecución de la decisión ya tomada a su sucesor. Al nuevo Secretario General y a Guyana solo les tocaba esperar el desenlace anunciado, y así pasó.
En efecto, sean cuales hayan sido las responsabilidades históricas del Sr. Hugo Chávez, y la historia juzgará sin clemencia, queda preguntarse qué se hizo o no se hizo durante todo el año 2017, en particular cada vez que el Sr. Dag Nylander, representante personal del Secretario, venía a Caracas “a consultas”. Porque guste o no a quienes ejercían las responsabilidades de Estado involucradas, los “buenos oficios con mandato reforzado de mediación” que se le encomendó a dicho señor fue una oportunidad para proponer soluciones. ¿Qué se hizo? ¿Quién evaluó la situación? ¿Quién elaboró escenarios? ¿Quién propuso cursos de acción? ¿Quién decidió qué? Porque llegó el día de asumir responsabilidades. Y Presidente y Cancilleres las tienen, directas y personales. ¡Que expliquen, por favor!
Al iniciar su curso 2018, Venezuela está desunida y debilitada. Su futuro se presenta oscurecido por la inestabilidad y amenazado por una insidiosa y creciente anarquía. La reacción del gobierno a la decisión del Secretario es, una vez más, un recurso a la parálisis y al luego veremos. Lamentablemente, ese recurso, si se pensase aún que fuese útil, agotado está.
Lo que sí está planteado es lo que avisa el Secretario: el caso pasa a la CIJ, así no seamos parte del Estatuto de la misma, así nos parezca que ello es una extralimitación de funciones y así sea también, a nuestro juicio, una interpretación errada del mandato del Acuerdo de Ginebra; junto con ello, ya de por sí muy serio, viene la oferta de abrir un “proceso complementario” sobre la base de las facultades del Secretario de acuerdo a la Carta de la ONU.
Junto con aclarar qué pasó a todo lo largo de 2017, y asignar las responsabilidades políticas y personales de estar donde estamos, se hace prudente y necesario saber qué significa y qué alcance tendría el mencionado “proceso complementario”. Las únicas facultades del Secretario General de acuerdo a la Carta – es decir a ser ejercidas no ya más en el marco del Acuerdo de Ginebra – son las establecidas en el artículo 99 de la misma y consisten en alertar al Consejo de Seguridad “hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro la paz y la seguridad internacionales”…
Triste historia ésta que ve a Venezuela pasar de víctima de un despojo imperial por una tardía fiebre del oro decimonónica y de un Laudo arbitrario, que hizo burla a la justicia, a país “agresor”, como lo calificase el presidente de Guyana, sujeto a conformarse un siglo después sea con otra solución impuesta a su justo reclamo, sea a ser llevado al Consejo de Seguridad como potencial amenaza a la paz internacional. Y todo ello por no haber sabido sustentar y convencer sobre la justicia de su causa.
@cbivero