Hace más de dos décadas, en el año de 1996, el entonces Presidente de Venezuela, Rafael Caldera, convocó en Caracas una reunión extraordinaria de la OEA para la aprobación de la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción, sabiendo que este tema podría convertirse en uno de los temas devastadores en detrimento de la calidad de vida de los pueblos empobrecidos del Continente. No era un tema fácil, porque hasta ese momento algunos gobiernos consideraban que “los trapos sucios se lavaban en casa”. La iniciativa hemisférica fue tan exitosa, que en el año 2002, la ONU aprobó una Convención similar para enfrentar la corrupción a nivel mundial por las implicaciones de la globalización de este crimen transnacional. Pero lamentablemente, los comités especiales que se crearon, no han tenido la fuerza para frenar este flagelo.
La prueba más contundente de la gravedad de las comisiones escandalosas, explotó en Brasil, con la investigación iniciada hace tres años por el Juez Sergio Moro a través de los juicios iniciados en lo que se denominó Lava jato (“lavado de autos”) que fue desenmarañando con el tiempo, una inmensa red de delitos en la operación más grande que se haya hecho en el Mundo contra los corruptos, en la que toneladas de documentos fueron analizados por jueces, fiscales, y organismos de investigación policial, hasta elevar los casos al más alto nivel del Supremo Tribunal Federal y del Parlamento, lo que permitió llevar a la cárcel a centenares de políticos, empresarios, publicistas, parlamentarios, gobernadores, y personalidades del más alto nivel, que llegó hasta la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff, además de las implicaciones graves que pesan sobre el Ex-Presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien durante su Presidencia convirtió a Empresas Públicas sanas como Petrobras, BNDS, Vale do Rio Doce, Caixa, además de las más reconocidas constructoras como la Odebrecht, o exportadoras de carne como la JBS. Que se convirtieron en antros para darle ventajas millonarias ilegales a los delincuentes y partidos políticos afines dentro y fuera de las fronteras del Brasil. Lamentablemente Venezuela figura como el primer “beneficiado” de las coimas, que en nuestro caso, a diferencia de los otros países que han procesado las denuncias, como resultado de la política de “avestruz “que adelanta el Gobierno Bolivariano, silencia todo escándalo siendo el único que no ha procesado las denuncias.
Para descubrir a los culpables, de unos y otros partidos, los jueces han hecho uso de la “delación premiada” es decir, reducir la pena a los corruptores si denuncian a los corruptos. Pero se ha llegado a tan alto nivel de exageración, que en los recientes casos, algunos jueces han estimulado que procesados como el archi-millonario Joesley Baptista, dueño de la mayor exportadora de carne beneficiada durante el Gobierno de PT, cometiera provocaciones de nuevos supuestos hechos de corrupción, hasta convertirse en un “agente provocador” de nuevos delitos, filmando dudosas ofertas hechas al Presidente Temer o al candidato Presidencial Aecio Neves. De ser condenados, se aplicaría la máxima del Derecho Romano Summum Ius, Summa Injuria o sea, un “justicia exagerada, representa una Injusticia” y permitiría generar una corrupción en la corrupción.
@milosalcalay