Una visión retrospectiva
El régimen que ha ejercido el poder en Venezuela por más de tres lustros insiste en que durante ese lapso gobernó a la Nación respetando los elementos formales de la democracia. Esta afirmación podría ser una verdad incuestionable si partimos del supuesto de que la democracia se satisface con solo auspiciarla coexistencia de partidos de oposición y de gobierno en el sistema político nacional, en promover los procesos electorales periódicos como mecanismos para dirimir las disputas por el poder político, así como en asegurar la vigencia y desempeño administrativo de los poderes públicos consagrados en la Constitución Nacional.
La tragedia que vive Venezuela ha demostrado que ese criterio restrictivo y formal carece de validez en el ámbito interamericano y que el parcial cumplimiento de instrumentos jurídicos y políticos convenidos en el ámbito internacional no es suficiente para argumentar que la democracia impera como la forma de organizar el Estado y su sistema de gobierno. El comportamiento discursivo del régimen ha insinuado, erróneamente, que la política nacional venezolana se ha desenvuelto como una dimensión condicionada por la política interamericana dada su aceptación y aplicación de un conjunto de valores, principios y normas de factura regional que imponen,dentro y fuera de cualquier jurisdicción, el respeto y la protección de los valores consustanciados con la democracia. Este criterio ha sido presentado reiteradas veces como el argumento crítico y fundamental del régimen que exige respeto y protección a su gobierno democráticamente electo.
Es cierto que el régimen asumió como suyas,tacita y explícitamente, las iniciativas adoptadas en el ámbito interamericano cuya finalidad ha sido y seguirá siendo promover, fortalecer y consolidar la democracia en la región. Antes de su advenimiento al poder en 1999, ya la Organización de los Estados Americanos había adoptado dos importantes instrumentos jurídicos que orientaban la acción política de la Organización, la Resolución 1080 de 1991 con la que se enviaba un claro mensaje político a las fuerzas opositoras que acariciaran la idea de deponer a un gobierno legítimamente electo, y el Protocolo de Washington de 1992 con el cual se reformó la Carta de la OEA para estatuir la protección de los gobiernos democráticamente electos contra los actos de fuerza que pretendieran derrocarlos. Cabe recordar que, teniendo en mente la vocación democratizadora que ganaba terreno en las relaciones políticas a nivel regional,en la Organización de los Estados Americanos cobró sentido la acción colectiva que se motorizó contra la asonada militar que en Venezuela afectó al gobierno de Carlos Andrés Pérez, en 1992. La disposición más resuelta del actual régimen con la que aceptó las reglas de convivencia democrática en el plano nacional e internacional quedó sellada con su respaldo, firma y ratificación de la Carta Democrática Interamericana, instrumento cuyo tenor ha sido muy discutido recientemente y que fue invocada, por primera vez, para hacer frente al intento de ruptura del hilo constitucional en Venezuela, en el año 2002.
Es probable que el régimen haya sabido calibrar la importancia que en el ámbito internacional se asignaba a la democracia como sistema de gobierno, sobre todopor el empuje queéstecriteriorecibió en el contexto de la globalización,así como por la compleja interdependencia que se planteóa nivel mundial entre intereses y actores nacionales e internacionales, públicos y privados, oficiales y no gubernamentales, a raíz del colapso de la Unión Soviética, y por supuesto, del comunismo.
A partir de esta percepciónse puede presumir que el régimen permitió en el ámbito interno la convivencia de los poderes esenciales de un Estado democrático, aunque asegurándose que el balance fuese desequilibrado a su favor. Los partidos políticos de oposición mantuvieron sus actividades en un ambiente hostil, ambiente que les revelaba constantemente los riesgos de ser proscritos de traspasar los límites impuestos por el régimen. Los procesos electorales se convirtieron en recurrentes mecanismos de resolución de disputas políticas, mecanismos que a la postre sirvieron de herramientas institucionales de dominación gracias al manejo doloso que el árbitro electoral les imprimió en respaldo al sector gubernamental. Los derechos ciudadanos se mantuvieronmuy restringidos en lo atinente a la propiedad privada, al manejo y difusión de la información y a la participación ciudadana y empresarial en el desarrollo nacional, pero fueron abiertamente conculcados en materia de seguridad personal como medida de contención psicológica. A cambio, el régimen fue generoso en la distribución de la enorme renta petroleracon la intención deirradiar,tanto en la sociedad venezolana como en el exterior,una sensación de bienestar social y progreso económico.
El gobierno pudo mantener las formas democráticas bajo estas condicionesdurante el ejercicio del poder por más de una década, hasta que dos eventossobrevinieron de maneratan decisiva como inesperada. La desaparición física de Hugo Chávez, el cabecilla que podía mantener al corrompidoestado de cosas en el sistema político nacional, y el derrumbe de los precios internacionales del petróleo,único sostén de la ficticia bonanza económica y social en el país.A partir de esos eventos comienza la debacle del orden económico y social de Venezuela, debacle que se agudizó por las erradas políticas aplicadas por el gobierno para hacerlefrente, pero, sobre todo, por su incapacidad o falta de voluntad de modificarlas a través acuerdos consensuados en el ámbito nacional. Esta circunstancia socavo irremediablemente el ya decreciente apoyo que la sociedad venezolana le profesaba al régimen, a tal punto que ésta le transfirió por vía del voto,toda su confianza a la oposiciónal otorgarle la mayoría calificada en el Poder Legislativo.
El régimen dio su particular lectura a tan decisivo evento. En lugar de asumirlo como la legitima expresión de la voluntad popular y ajustarse alas nuevas reglas del juego democrático que se abría en el país, lo recibió como una manifestación desproporcionada e inaceptable de la lucha por el poder político de parte de una oposición que debía ser controlada a todo trance. A partir de esa percepción y ante la posible pérdida del poder, el régimen dio inicio a la fase más aguda de la crisis política nacional, fase que se caracteriza por las serias implicaciones institucionales que de ella se han derivado, por la violación recurrente de la Constitución Nacional por cuenta del Poder Ejecutivo, el Judicial, el Electoral y el Moral, así como por la represión brutal, violenta y feroz a cargo de los cuerpos de Seguridad del Estado, todo esto en medio de la profusamente documentada debacle económica y social.
Una visión prospectiva
La Comunidad Internacional, acostumbrada a moverse con cautela y precaución ante las crisis nacionales, se ha mostrado receptiva a las señales que revelan la manifiesta y creciente crisis humanitaria que se cierne sobre Venezuela. En cuanto al deterioro de la relación política entre los principales poderes del Estado, los gobiernos, individual y colectivamente, habrían estimado inicialmente que la cuestión esun asuntosegundo orden en importancia a partirdel argumento político de que el manejo de esa relación corresponde a los venezolanos. Se puede inferir que el creciente problema del paísy su solución ha sidoasumido a nivel internacionaly desde la perspectiva humanitaria,como un asunto critico concerniente a los derechos humanos.
La Organización de los Estados Americanos, por su parte, se ha movidopara atender la tragedia venezolana en un mismo sentido, pero en dos niveles y tiempos diferentes. El Secretario General Almagro concibió y evaluó la crisis venezolana como un problema de violación de los derechos humanos de la población, por lo cual ha planteado trabajar sobre la marcha, mientras que los órganos de gobierno de la Organización, tantoel Consejo Permanente como la Reunión de Cancilleres, lo percibieronoriginalmente como un problema político que ameritaba tiempo y consultas. La agudización de la crisis nacional, sin embargo,ha sidoel elemento catalizador del proceso que aún está en desarrollo y que seguramente contribuirá, aunque no de manera determinante, a la superación la gravísima situación venezolana.
El tesonero empuje de Almagro en la Secretaría General de la OEA se concretó en dos documentos cruciales. Su enfoque apuntó hacia la violación de los derechos humanos de los venezolanos y al desmoronamiento de la democracia como consecuencia de la violación de tales derechos por parte del gobierno legítimamente electo. Un enfoque con un significado novedoso a la luz de la interpretación tradicional que los gobiernos acataban y continúan acatando desde la perspectiva política,con respecto a los instrumentos jurídicos interamericanos convenidos para la promoción, fortalecimiento y defensa da la democracia.
Se puede afirmar que el enfoque de Almagro es sólido desde la perspectiva humanitaria y de los derechos humanos, pues parte del supuesto de que el régimen, al desconocer la autoridad constitucional de la soberanía popular, de sus necesidades y demandas, de sus intereses y aspiraciones, viola el derecho de los venezolanos a la justicia, a la libertad, a la vida, al progreso, al bienestar social y con ello, a la democracia.
Vista la realidad venezolana desde esa perspectiva, se puede resumir la responsabilidad del régimen en el ejercicio del poder de la manera siguiente. El Poder Electoral, cuando actúa como entidad cooptada por el gobierno y decide secuestrar el mecanismo institucional consagrado en la Constitución Nacional para revocar el mandato de sus gobernantes, viola el derecho de los venezolanos a decidir democráticamente su propio destino. El Poder Judicial, al invalidar mediante sentencias irritas las leyes emanadas del Poder que representa la voluntad popular, viola el derecho de los venezolanos al bienestar y al progreso, fin ulterior de la gestión del Parlamento. El Poder Moral, cuando deja de proteger a la población contra la inseguridad personal y material, contra la corrupción y el injusto encarcelamiento de quienes disienten del gobierno, contra la brutal represión policial y militar, viola el derecho ciudadano a la vida, a la libertad y a la justicia.El Poder Ejecutivo, al negar la apertura de un canal humanitario que provea la asistencia alimentaria y de medicamentos para su población está violando el derecho humano a la alimentación y a la salud pública. En suma, cuando un gobierno democráticamente electo y con una aceptada legitimidad de origen viola los derechos humanos, sean los derechos civiles y políticos, económicos y sociales de su propio pueblo, incurre en la más flagrante violación de la democracia, de sus valores y de sus principios.
Como corolario se puede proponer que la trágica situación a la que se vea sometido todo un pueblo por el desempeño despótico, autoritario y dictatorial de un gobierno cuyo advenimiento al poder se ajustó a los patrones formales de la democracia, es una razón principal y suficiente para que ese gobierno sea condenado, proscrito y sancionado por la pérdida de la legitimidad en su ejercicio del poder, por atentar contra la democracia como forma de organización del Estado, pero sobre todo, por valerse de la institucionalidad del Estado y de sus recursos para incurrir en una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos consagrados en su propia Constitución Nacional, así como en la jurisprudencia y en la política internacional.
Para concluir, la administración de Almagro ha realizado un importante aporte a las principales áreas de acción de la Organización de los Estados Americanos, como son los Derechos Humanos y la Democracia. Su interpretación conjuga estas dos dimensiones de la realidad social y política de las Américas en una sola vertiente discursiva.Su enfoque novedoso no está exento de críticas, pero el peso de la verdad que engloba es determinante, verdad que se puede resumir en que la democracia se inicia, transita y satisface con la vigencia y respeto de los derechos humanos y no con la simplicidad que entraña el respeto a un gobierno originado de procesos electorales democráticamente válidos, y por tanto, universalmente aceptados. Cabe pensar que al ser el caso venezolano el mejor testimonio que convalida este criterio, corresponderá al nuevo gobierno de Venezuela impulsar su institucionalización como posible doctrina internacional, similar en naturaleza y alcance político a la que presentara, en su momento del siglo pasado, el gobierno del Presidente Rómulo Betancourt.
@PozzoBracho