El régimen adoptó dos decisiones trascendentes para la política nacional en menos de una semana. Una en materia de política exterior y otra en el ámbito de la política interna, ambas estrechamente asociadas. La primera decisión fue denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) e iniciar el procedimiento de separación y posterior desincorporación de Venezuela de la organización regional. La segunda fue convocar una asamblea constituyente “comunal” para lo cual formó una comisión presidencial integrada por los más emblemáticos representantes del régimen. Dos decisiones que tienen como sustrato no sólo la ausencia de consenso entre las fuerzas políticas del sistema nacional en cuestiones fundamentales para la vida republicana, sino también el antagonismo entre la sociedad venezolana que reclama respeto a los valores democráticos y el régimen que de manera despótica y dictatorial ejerce el poder en Venezuela.
La decisión de denunciar la Carta de la OEA provocó un debate sobre la validez jurídica del dicho acto a la luz de lo establecido en la Constitución de la República. La Asamblea Nacional consideró que la decisión del Poder Ejecutivo es nula por cuanto se requiere la aprobación previa del Poder Legislativo en vista de su responsabilidad constitucional con respecto a la ratificación de Tratados, mientras que el gobierno apeló a la disposición constitucional que le otorga la facultad de conducir la política exterior, y por consiguiente, las relaciones internacionales del Estado. En todo caso, la decisión gubernamental de denunciar la Carta de la OEA se ajustó al procedimiento establecido en el artículo 143 del referido instrumento por lo cual su fundamento legal es incuestionable desde la perspectiva de la Organización.
La determinación con la cual cada parte presentó y defendió su propia interpretación del acto administrativo reveló la imposibilidad de forjar, como producto del debate jurídico, un resultado concreto y práctico. A partir de esta percepción se puede inferir que lo conveniente hubiese sido construir una interpretación política de la decisión gubernamental, y de ser el caso, cuáles serían sus efectos sobre la realidad nacional,con la salvedad de que al ser éste el primer retiro voluntario de un Estado en la historia de la Organización, no existen precedentes que permitan determinar bajo un enfoque casuístico y con claridad los efectos de tal medida. Por otro lado, resulta necesario aclarar que con la referida decisión el régimen se sustrajo por cuenta propia del examen colectivo que sobre la grave crisis venezolana se llevará a cabo, tanto en la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores convocada por el Consejo Permanente de la OEA el pasado 26 de abril, como durante la Asamblea General anual que la Organización celebrará en México a mediados del presente año.
Varios supuestos podrían servir para explicar la decisión del régimen. La auto-exclusión revelaría su gran debilidad para convencer a los gobiernos americanos en el seno de la OEA de que la crisis que vive Venezuela es realmente causada por agentes externos quienes, coludidos con la burguesía nacional, pretenden derrocar al gobierno de Maduro ejecutando una guerra económica y psicológica que daría al traste con la revolución socialista del siglo XXI; la dificultad que tendría el régimen para justificar en el ámbito interamericano la brutal y sangrienta represión emprendida contra la población venezolana que reclama una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral a la crisis, luego de conocidas las infaustas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); evitar que la deficiente exposición de sus argumentos frente a un riguroso escenario ampliamente cubierto por medios de comunicación nacionales e internacionales, revelara aún más la catadura de un gobierno falaz que mientras reprime propugna la paz y el amor como los principales valores de la convivencia social; y por último, mantener la frágil cohesión interna del régimen atendiendo las demandas de su sector radical que, bajo el argumento de una pretendida aspiración por preservar la democracia en Venezuela, exige la aplicación de medidas represivas contra la población sin ninguna limitación, restricción o cortapisa impuesta por una entidad foránea.
La ilegal convocatoria a una asamblea constituyente “comunal” y la ilegitima medida que afecta la posición del Estado en la OEA guardan una evidente vinculación. Si bien la decisión de separar y desincorporar a Venezuela de la Organización no representa un riesgo que ponga en vilo la existencia del Estado, la formación de una asamblea constituyente “comunal” contraviniendo las disposiciones de la Constitución Nacional e integrada por representantes que velarán solamente por los intereses del régimen, si representa un riesgo terminal para la democracia liberal venezolana. Esta decisión hace presumir que se producirá una escalada del conflicto socio-político en el país, escalada que la sociedad venezolana en general, y la oposición organizada en particular, seguramente enfrentará con mucho empuje y determinación, a sabiendas de que la represión por parte del régimen se incrementará con mucha violencia. Visto así, la denuncia de la Carta de la OEA representaría una acción premeditada del régimen para sustraerse, aunque infructuosamente, de las denuncias y condenas que se producirán, y que de hecho se han venido produciendo en el organismo regional como consecuencia del fraude constitucional representado por la convocatoria de una asamblea constituyente de tal naturaleza.
La condición de ilegitimidad e ilegalidad de una y otra decisión han exacerbando la crisis política en Venezuela y con ello han asegurado que, por fuerza de las circunstancias, serán abolidas en un lapso muy breve. La convocatoria a una asamblea constituyente “comunal” ha sido resueltamente desafiada en el ámbito interno. Las masivas protestas ciudadanas se han extendido e intensificado de manera tal que han rebasado el criterio de polarización política que caracterizaba la situación venezolana. De la manida dicotomía de derecha e izquierda con la que se definía la relación entre los principales actores del sistema político nacional, se transitó hacia un abierto enfrentamiento al régimen por parte de la sociedad venezolana, la cual como un todo lo adversa en la calle con tanta resolución que acelerará su colapso. En el ámbito externo, la ya resentida base de apoyos que el régimen conservaba en el continente se ha agrietado de tal forma que, por ejemplo, la Reunión Extraordinaria de la CELAC convocada para atender su petición resultó en un inocultable fracaso diplomático. En suma, el estado de las relaciones políticas creado por el propio régimen dentro y fuera del país tiende a acentuar su aislamiento y con ello la resistencia a su permanencia en el poder, resistencia que se manifiesta tanto a lo largo del Territorio Nacional como en el seno de los gobiernos más influyentes de las Américas y Europa.
Para concluir, la actual crisis por la que atraviesa el país se asemeja, mutatis mutandis, a la que comenzó en diciembre de 1957 y finalizó en enero de 1958 con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La brutal represión a los venezolanos ordenada por el alto mando militar acrecienta las probabilidades de que a las masivas protestas ciudadanas se sume el sector castrense que hoy muestra su desacuerdo por tales operaciones, así como por la incompetencia gubernamental para paliar la grave situación económica y social que también les afecta. Corresponde a la dirigencia opositora alentar un escenario en el cual, con apoyo de un sector de la Fuerza Armada Nacional no comprometido con el régimen y con el importante respaldo político internacional, se precipite el desenlace de la crisis mediante la convocatoria a las elecciones trasparentes y competitivas que se vienen reclamando como necesarias para normalizar el estado de cosas en la Nación.
@PozzoBracho