En plenos Carnavales, el Secretario General de la ONU designó al nuevo buen oficiante para la controversia sobre el Esequibo, Dag Halvor Nylander, y adelantó que de no llegarse a un arreglo para finales de 2017, remitiría la controversia a la Corte Internacional de Justicia. Aquí, voy a diferir de quienes afirman que por haber firmado el Acuerdo de Ginebra, estamos obligados a ir a la Corte.
Esta decisión del Secretario General, coloca al régimen venezolano en una posición difícil y complicada, de ella, dependerá el perder en manos de Maduro definitivamente de 159.500 km2 de los cuales fuimos despojados por el amañado Laudo de Paris en 1899.
La decisión de aceptar ir a la Corte no es fácil; internamente el régimen venezolano tiene que decidir: si seguir la línea cubana de “bajarle dos” a la reclamación. Recuérdese que Chávez en el 2004, dio un giro de 180 grados a una política de Estado al manifestar que: “El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo”; posición agravada posteriormente por el silencio de Maduro frente a las violaciones al Acuerdo de Ginebra, por parte de Guyana permitir a empresas transnacionales operar en la zona en reclamación, comprometiendo jurídicamente la reclamación, al darle la oportunidad a Georgetown de invocar el “principio del estoppel”; término que da a entender que quien ha inducido a otro a actuar de determinada manera (aseverando algo, con su conducta, con su silencio, por medio de un documento público, etc.) no puede negar lo dicho o hecho, o volverse atrás cuando las consecuencias jurídicas de su aseveración le son desfavorables.
Internacionalmente, el régimen venezolano con una cancillería desmantelada en lo que fue su estructura institucional incluida su plantilla profesional, le será difícil evaluar en primer lugar: si el Arreglo Judicial contemplado en el Artículo 33 de la Carta de la ONU como medio de solución pacifica previsto en el Artículo IV del Acuerdo de Ginebra obliga a Venezuela a aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia, o se requiere la voluntad expresa del gobierno al no haber reconocido Venezuela nunca la competencia de la Corte ni su jurisdicción.
Antes de aceptar ir a la Corte como es el deseo de Guyana, y al parecer también son las instrucciones de La Habana; debemos recordar que la remisión por el Secretario General de la ONU de la controversia entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo a la Corte no significa de ninguna manera que el tribunal es competente automáticamente para conocer el caso y pronunciarse al respecto, aunque el Acuerdo de Ginebra de 1966 otorgue cierta capacidad al Secretario General para enviar dicha controversia a uno de los mecanismos previstos en el Artículo 33 de la Carta de la ONU, los cuales, por cierto, no son necesariamente aplicables en forma sucesiva.
La Corte ha sido siempre cuidadosa en cuanto al ejercicio de su jurisdicción. Ella debe examinar, antes de abordar el examen del fondo, su competencia y la admisibilidad de la demanda, según Artículo 36 Numeral 6 de su Estatuto. Es decir, que con base en el principio de la libertad de elección de los medios de solución pacifica consagrado en el Derecho Internacional Público y la Carta de la ONU, la Corte Internacional de Justicia sólo puede conocer de los asuntos que las partes de común acuerdo decidan someterle y hasta la fecha, a pesar de sus múltiples despropósitos, el régimen de Maduro nunca ha manifestado públicamente que está de acuerdo con Guyana de ir a la Corte.
En consecuencia, ante el hipotético escenario de que la controversia fuese definitivamente remitida por el Secretario General de la ONU a la Corte, Venezuela podría rechazar formalmente la competencia al momento de ser notificada por la Corte de la demanda en su contra. En este caso, Venezuela podría participar en el proceso preliminar que se abre para que se determine si la Corte es o no competente para conocer el fondo, o simplemente no comparecer, una situación que no es extraña en la práctica del tribunal y que no favorece necesariamente al demandante.
Maduro debe evitar seguir las instrucciones de La Habana. La entrega de Guyana si es traición a la patria.
@grevanales