El pasado miércoles 17 de febrero, se cumplieron 50 años de la firma del histórico Acuerdo de Ginebra. Luego de largas negociaciones y en el umbral de la independencia de la actual República Cooperativa de Guyana, el Imperio Británico accedió a concluir este tratado, reconociendo la reclamación venezolana sobre el Esequibo, el cual fue arrebatado mediante el nulo e írrito Laudo Arbitral de Paris de 1899. Así fue cerrado el largo capítulo de expansionismo y despojo que sufrió Venezuela desde que el Imperio Británico se instaló en nuestra frontera oriental mediante el Tratado de Londres de 1814, y se abrió el promisorio -aunque inconcluso y ya prolongando- capítulo de negociación diplomática de las últimas cinco décadas.

En el artículo I del Acuerdo de Ginebra se estableció la creación de una Comisión Mixta para llegar a “soluciones satisfactorias para el arreglo práctico” de la controversia de común acuerdo. La Comisión paritaria -dos venezolanos y dos guyaneses- funcionaría por un plazo de 4 años. De no llegarse a un arreglo, se estableció en el artículo IV que la Comisión Mixta referiría el asunto a sus respectivos gobiernos; los cuales estaban obligados a escoger uno de los medios de resolución pacífica de controversias previstos en el artículo 33 de la Carta de la ONU. Si dentro de tres meses no se hubiere llegado a un acuerdo sobre este punto, ambos gobiernos podían remitir el asunto al Secretario General de la ONU.

La Comisión Mixta trabajó desde 1966 hasta 1970, pero no se lograron resultados. Guyana sostuvo de manera inflexible que el objetivo del Acuerdo no era otro que establecer la validez de la contención venezolana al Laudo de 1899, negándose a entrar a discutir seriamente la cuestión territorial. Guyana incumplió así la obligación a negociar que imponía el Acuerdo y neutralizó sus efectos, ya que percibió la situación en términos conflictivos o suma cero: Estando en posesión de la totalidad del Esequibo que considera de su soberanía, cualquier negociación implica una pérdida. En cambio, Venezuela insistió en que el objetivo del Acuerdo era llegar mediante la negociación a un “arreglo práctico y satisfactorio”, y por tanto no se trata de un asunto estrictamente jurídico, sino de un asunto político-diplomático, y por tanto se había creado una Comisión Mixta negociadora.

La reclamación se congeló por doce años con el Protocolo de Puerto España de 1970, y posteriormente se optó por el método de los buenos oficios por 25 años (1989-2014); pero nuevamente la intransigencia guyanesa hizo imposible alcanzar un arreglo y tras la muerte de Norman Girvan -último buen oficiante- se ha negado a retomar este método, por lo cual Venezuela tuvo que acudir al Secretario General de la ONU en 2015. Cabe destacar, que en plenas negociaciones para reactivar la reclamación, la Cancillería venezolana emitió un Comunicado el 11 de diciembre de 1981, donde señaló que el artículo IV del Acuerdo asignó al Secretario General la función de “colaborar con las partes en la elección de un medio de solución”; es decir, no se nos puede imponer un método.

Guyana ha intentado dejar de lado el Acuerdo de Ginebra, y ahora busca zanjar unilateralmente la cuestión mediante su eventual remisión a la Corte Internacional de Justicia, debido a una serie de nuevos elementos. La política de cooperación más allá de la controversia seguida por Hugo Chávez, así como la narrativa ideológica utilizada para interpretarla, fueron entendidas por Guyana como abandono de nuestra reclamación. Además, Georgetown ha estimado que la severa crisis que atraviesa Venezuela supone un momento propicio para pasar a la ofensiva. A todo esto, se sumó el “significativo descubrimiento de petróleo” en el pozo Liza del bloque Stabroek realizado en 2015 –una de las concesiones que han sido entregadas por Guyana de forma inamistosa tanto en aguas del Esequibo, como de nuestra Fachada Atlántica que no está en discusión.

El Servicio Geológico de EEUU señala que en toda la zona marítima por delimitar entre Venezuela y Guyana pueden existir recursos entre 13,6 y 15,2 millardos de barriles de crudo liviano, y entre 32 y 42 billones de pies cúbicos de gas natural. Si se transforman en reservas explotables, Guyana podría producir 1 millón de barriles diarios en una década, pasando a ser un exportador petrolero neto, y multiplicando más de 100 veces su actual PIB. Recientemente, Guyana ha otorgado en concesión el bloque Orinduik; ha anunciado el inicio de una campaña exploratoria en el bloque Stabroek; y ha estado buscado apoyos para avalar su posición denunciando “agresiones” de Venezuela: El Mundo al revés.

En consecuencia, debemos celebrar el 50° Aniversario del Acuerdo de Ginebra exigiendo ahora más que nunca su cumplimiento, y desplegando una estrategia coordinada de defensa de nuestros derechos entre el Poder Ejecutivo y la nueva Asamblea Nacional contra las pretensiones guyanesas. En este sentido, debe consensuarse una ley que fije claramente la Fachada Atlántica del  Delta del Orinoco y salvaguarde nuestros derechos en la del Esequibo; debe estudiarse la conveniencia de una ley que transforme en un estado venezolano al Esequibo –siguiendo el ejemplo de Argentina con Malvinas, ya que la soberanía no sólo se reclama, se ejerce-; continuar las labores de patrullaje de la Armada en nuestra Fachada Atlántica; y denunciar en todos los foros multilaterales la negativa de Guyana a retomar los buenos oficios. Asimismo, se debe obstaculizar por todos los medios las concesiones petroleras entregadas por Guyana –ya con una rentabilidad comprometida tras la caída de los precios del petróleo-, volviendo a esgrimir el artículo V del Acuerdo de Ginebra. Por primera vez en cinco décadas, a Guyana no le conviene el statu quo, y esto debemos aprovecharlo generando estímulos apropiados que le obliguen a negociar un arreglo práctico que repare al pueblo venezolano del histórico despojo del cual fue víctima. ¿Y usted qué opina?

@kenopina

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