Venezuela fue víctima de un despojo. Guayana fue invadida progresivamente por los actuales Estados Bolívar y Delta Amacuro, con la intención de arrebatarnos el delta del río Orinoco, los yacimientos de oro y diamantes, al igual que el poderío maderero existente en la zona. Venezuela intentó acordar con Londres, el ejecutor de estas prácticas, una frontera definitiva y estable en la región. Ante su negativa a un arreglo amistoso, por el contrario, Londres, intensificó su avance. En 1895, Venezuela, solicitó ayuda a EEUU para invocar la aplicación de la Doctrina Monroe. Éstos, decidieron intervenir, pues consideraron ese avance, como una amenaza para sus propios intereses y presionaron a Londres a dirimir el conflicto en un Arbitraje, y en caso de negarse irían a la guerra. Ante esa declaración Londres aceptó iniciar conversaciones para resolver la disputa territorial en Guayana por medio de un Tratado Arbitral.
En 1897 fue firmado en Washington un arbitraje (tribunal de varios árbitros o jueces nombrado por las partes en conflicto donde se somete un asunto a juicio) Londres, no aceptó que Venezuela se representara directa sino indirectamente por EEUU. Para Londres, éramos unos “indios bananeros con olor a trópico y hombres de color semi bárbaros con quienes no se podían sentar en la misma mesa a negociar”. El tribunal, conformado por dos británicos, dos estadounidenses y el presidente del tribunal, un jurista ruso, Federico de Martens, quien había escrito un libro “Rusia e Inglaterra en Asia Central”, cuya tesis central: es que ambos Estados “están predestinados por la providencia para dominar a los países bárbaros”. Los árbitros reunidos en Paris en 1899, ese mismo año decidieron lo que se conoce como: Laudo Arbitral de París. Ese año se produjo el alzamiento de Cipriano Castro que derrocó al Ignacio Andrade. Año que mostraba a Venezuela, internamente, inconexa. Londres, aprovechó esa realidad, para reforzar sus criterios y así obtuvo el territorio en cuestión.Una Venezuela destrozada por la guerra civil sin capacidad política, económica, social, ni militar no pudo oponerse al Laudo, aunque si protestó, varias veces por considerarlo injusto y arbitrario.
Durante 50 años, Venezuela no pudo probar la ilegalidad del Laudo pero, en 1949, se publicó el memorando de Severo Mallet Prevost, y se reveló lo ocurrido. Se descubrió la componenda entre De Martens y los jueces de EEUU y Gran Bretaña. Con su publicación se retomó el estudio de lo ocurrido en 1899. Por lo que fue la gestión democrática y civilista la que asentó la estrategia de exponer ante la ONU la necesidad de anular el Laudo Arbitral, pues presentaba vicios de forma y de fondo. Se consideró nulo, írrito e ilegal. Esto conllevó a iniciar conversaciones con Londres para buscar reparar el daño cometido a nuestro país, que condujo a la firma en 1966 del Acuerdo de Ginebra (aún vigente) el cual establece una serie de pasos para solucionar el conflicto pacíficamente y al cual el naciente gobierno de Guyana se comprometió a respetar lo acordado.
Guyana, hoy no reconoce lo acordado y avanza en la explotación de la región en disputa. El país debe asumir el Esequibo con seriedad y no permitir esa burla. Hay una realidad que no podemos soslayar: hoy, Venezuela no tiene política exterior y se está deshilachando internamente. El actual gobierno no tiene voluntad, porque no puede contradecir lo dicho por el finado Chávez, quien prácticamente “entregó” el Esequibo. Muy tarde. Luego, sus negociadores (abogados penalistas que carecen de formación internacional), al parecer no ponderan las desgracias que se avecinan. Éstos, seguramente actúan de buena fe, pero lo hacen bajo criterios jurídicos y no políticos. No se trata de un divorcio o la liberación de un preso. Por lo que deben tener claro que el derecho, no es un fin en sí mismo, sino un instrumento; en tanto que la política es el norte de la acción del Estado.
Basta visualizar a Venezuela, cercada ella por un arco semilunar estratégico caribeño, luego, Colombia que sale de su conflicto interno, y podría aprovechar la situación para avanzar sobre el Golfo. Un cuadro que nos hace ver, atrapados y sin salidas. Ningún país puede permitir quedar encerrado geográficamente. El Esequibo es nuestra salida al Atlántico y es vital para el país. Por lo que decimos: la solución al problema no es jurídico, sino político. La controversia se debe resolver políticamente. Lamentablemente este gobierno se ha peleado con todos los países del Mundo de donde emergen los magistrados que decidirían la cuestión. Craso error que lamentaremos en el futuro. El gobierno tiene muy malas cartas y su juego igual. De insistir el juego “jurídicamente” lo perderemos todo. Lo único que sale es un arreglo práctico- político, pero se requiere, una política exterior seria y asertiva. Ella no existe. Estamos mal y vamos peor.
@eloicito