El actual régimen venezolano ha decidido instrumentar su estrategia política en la OEA recurriendo a la conseja anónima que atribuye eficacia al ataque como la mejor defensa ante un escenario crecientemente adverso. Valga señalar que para que una estrategia con tal fundamento produzca algunos resultados, es necesario que quien la ejecute reúna unas condiciones básicas. Es preciso que disponga de argumentos sólidos y la habilidad para transmitirlos de manera tal que sean creíbles; que tenga la experiencia y la preparación suficiente para persuadir a sus adversarios, y sobre todo a las partes indecisas,de que le asiste la razón política y la verdad jurídica; que tenga la capacidad para discernir entre lo que se debe defender con firmeza y lo que se puede negociar con flexibilidad, buen juicio y sentido común; y no menos importante, que represente a un gobierno que goce de una incuestionable credibilidad en el ámbito nacional e internacional.

Los agentes políticos de régimen, tanto la canciller como el nuevo representante alterno,adoptaron esa estrategia en medio del exigente escenario que recientemente les ofreció el Consejo Permanente de la OEA al momento de debatir la crisis venezolana. El desempeño que mantuvieron en los sucesivos encuentros que se realizaron en ese difícil medio constituye un caso que merece examinarse brevemente a partir de esas condiciones básicas.

El desafío era desestimarla información que transmitió el Secretario General de la OEA en su segundo informe sobre la grave situación venezolana y, sobre todo, las recomendaciones que allí se formularon. En lugar de crear una duda razonable con respecto a los datos recabados, a la metodología que las entidades utilizaron para obtenerlos y codificarlos, así como a rebatir la interpretación que a esos datos les dio la Secretaría de la Organización, optaron por cuestionar la integridad política y personal del Secretario General y a señalar que en otros Estados miembros ocurrían graves violaciones que también ameritaban la atención de la Organización y que, por tanto, el caso venezolano testimoniaba un trato discriminatorio por razones políticas y ambiciones sesgadas. El argumento central del “ataque defensivo”, que de manera atropellada y sin concierto presentaron los agentes venezolanos, se focalizó en la supuesta violación de los principios de la Carta Constitutiva de la Organización, en particular el de la No Intervención en los Asunto internos de los Estados, así como de los procedimientos establecidos en el reglamento de debates del propio Consejo Permanente. El “Golpe Institucional” que reclamaron fue, sencillamente, un argumento presentado sin fundamento político y jurídico alguno, argumento que para las demás delegaciones se convirtió en un despropósito diplomático.

La falta de experiencia o de interés en debatir cuestiones de fondo o sustantivas, que en este caso dieron contenido al informe del Secretario General Almagro, trajo como consecuencia las recurrentes interrupciones que recibieron las intervenciones de los representantes del régimen. El ataque a otros países, tan innecesario como fuera de lugar,obligó a las delegaciones a intervenir amparados en el recurso reglamentario del “punto de orden” para exigir que el debate se centrara en la cuestión decidida como única en la agenda del Consejo Permanente. Estos episodios que se sucedieron a lo largo de las sesiones revelaron que la falta de preparación o de voluntad de los agentes del régimen devino en la imposibilidad de éstos para recabar las necesarias adhesiones a su propia causa, pues se les percibió como individuos interesados en crear un clima de tensión o de, simplemente, apostar al sabotaje de la reunión.

A la falta de preparación se agregó la incapacidad de los representantes gubernamentales para diferenciar lo importante de lo accesorio en una reunión crucial. Su acción inicial se concentró en los aspectos procedimentales cuando solicitaron cancelar la primera y segunda convocatoria, lo cual resultó en una petición infructuosa. En vista de ello, el régimen presionó para que se suspendiera la sesión convocada para examinar el segundo informe de Almagro apelando a las facultades que le otorgaba la condición de Presidente del Consejo Permanente al Representante de Bolivia.La pretensión procedimental no prosperóy la acción quedó registrada como dilatoria lo cual, sin duda, perjudicó irremediablemente la seriedad de la representación gubernamental venezolana.

La otra cuestión fundamental es la credibilidad del régimen en el ámbito de la política doméstica venezolana,la cual quedó gravemente socavada por su incumplimiento de los acuerdos suscritos en el marco del dialogo facilitado por el Vaticano y tres ex-presidentes extranjeros. Cabe destacar que asumir y cumplir tales compromisos resultó en un elevadísimo costo político en detrimento de la oposición representada por la Mesa de la Unidad Democrática, pues significó el enfriamiento de las masivas movilizaciones ciudadanas que presionaban por la salida del régimen. Tal incumplimiento se transmitió sin demora al exterior, ámbito en el cual se resolvió la acción colectiva en el marco de la Carta Democrática Interamericana de la OEA con el propósito de obligarlo a cumplir con lo pactado. Como era de esperar, el incumplimiento erosionó duramente la credibilidad del régimen y con ello la poca confianza que generaba, requisitos indispensables para que el gobierno fuese considerado por sus pares en el continente americano como un valido interlocutor de la realidad política, social y económica del país, pero, sobre todo, como garante del bienestar del pueblo venezolano y de sus derechos fundamentales.

La torpeza del régimen puesta de manifiesto en los encuentros en la OEA dejó, no obstante, unas valiosas enseñanzas. Además de las que se derivan de este breve análisis, destaca una que tendrá un impacto incuestionable en la interpretación política y jurídica de un instrumento fundamental en las relaciones y en el derecho interamericano como lo es la Carta Democrática Interamericana. A juicio de un buen número de gobernantes de Estados americanos, entre los que se debe incluir al actual gobierno de Venezuela, el referido instrumento fue concebido para la protección de las autoridades nacionales legítimamente electas y cuyo ejercicio gubernamental se vea afectado por la voracidad política y militar de sus adversarios que optan por hacerse del poder por vía de la fuerza y de las armas. Esa concepción privó en los casos de Venezuela, Honduras y Paraguay, casos en los cuales se abogó por la aplicación de las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana para defender a gobiernos legítimamente electos, a pesar del ejercicio despótico del poder que implantaron en sus respectivos países.

Dos aspectos merecen ser mencionados a título de conclusión. En primer término, el tratamiento del actual caso venezolano ofrece una importante variante interpretativa impulsada desde la propia OEA y de la mano del Secretario General Almagro. El desempeño de la Organización regional, el cual debería considerarse como una nueva doctrina o “Doctrina Almagro” en las relaciones interamericanas, se focaliza en el respeto y la protección de los derechos fundamentales de la población de un país del continente como eje central de las medidas preventivas o de amparo que pretenda la acción interamericana en el marco de la Carta Democrática Interamericana. En lo concerniente al actual caso venezolano, la aplicación del instrumento Interamericano en toda su manifestación dispositiva se ha verificado por primera vez contra un gobierno considerado por la Comunidad Internacional como legítimamente electo, pero cuyo ejercicio del poder ha sido despótico y, por tanto, violatorio de los derechos humanos fundamentales de sus gobernados.

En segundo lugar, y no menos importante, la reconstrucción del aparato institucional de Estado deberá abarcar a la entidad ejecutora de la Política Exterior de Venezuela y en particular al Servicio Exterior de la República. Lo acontecido en la OEA y el desempeño que los agentes diplomáticos del actual régimen venezolano han tenido, y que tendrán en lo que les resta de gestión gubernamental, imponen una importante tarea a desarrollar por parte del nuevo gobierno, tanto en la formulación de una Política Exterior diferente en su estrategia como en la formación de un Servicio Exterior eficiente para la ejecución de esa estrategia.

@PozzoBracho

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