La grave situación que vivimos en Venezuela exige de un país democrático unido y activo en la defensa de las instituciones, pero también necesita de un sólido respaldo internacional y, en efecto, la Comunidad Internacional cada día concentra su atención en nuestra problemática, particularmente por la sistemática violación de los derechos humanos. En este contexto, otro de los elementos que está entrando en la agenda internacional tiene que ver con la posible aplicación de las cláusulas democráticas. Es evidente que el caso Venezuela está poniendo en juego la viabilidad y eficiencia de los instrumentos creados con tanto esmero para la defensa de la institucionalidad democrática. Ahora bien, el proceso bolivariano pareciera seguir el libreto de aislamiento de la dictadura cubana, lo que podría ser un error de cálculo.

En el Hemisferio encontramos un importante acervo normativo toda vez que en diversas organizaciones se ha incorporado la cláusula democrática. Al respecto, podemos observar que en 1998 tanto la Comunidad Andina, como el MERCOSUR, incorporaron la cláusula en sus ordenamientos jurídicos, MERCOSUR incluso realizó un nuevo fortalecimiento de su normativa con el segundo Protocolo de Ushuaia, aprobado en el 2011. Para el 2001 tenemos la adopción de la cláusula en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA): luego en el 2010 se adopta en la UNASUR y en el 2011 en la CELAC.

En términos generales estas normativas contemplan una dinámica muy parecida que podría resumirse en: 1. La invocación de la cláusula, que tiende a estar reservada a la solicitud del gobierno afectado o el gobierno de otro país miembro, cabe destacar que en la OEA se ha contemplado la posibilidad que el Secretario General la pueda invocar. 2. Si se aprueba la aplicación de la cláusula, los diversos instrumentos contemplan una primera fase de diálogo, consulta y negociación; para tratar de restablecer la institucionalidad constitucional y democrática. 3. En el caso que el diálogo no logre resultados, la siguiente fase tiene que ver con la aplicación de medidas o sanciones, en todos los instrumentos está contemplada la suspensión del país objeto del problema; pero, en el caso de la normativa del MERCOSUR están previstas un mayor número de potenciales acciones.

La grave situación venezolana, donde progresivamente se está destruyendo la institucionalidad democrática, vulnerando sus principios fundamentales y en particular los derechos humanos, ha puesto a prueba la viabilidad de tales instrumentos jurídicos. En estos momentos el avance más importante sobre el caso venezolano se ha logrado en la OEA, donde gracias al valiente esfuerzo del Secretario General, el Sr. Luis Almagro, quien con la presentación de un exhaustivo informe sobre la situación venezolana al Consejo Permanente en junio del presente año, ha permitido el inicio de la activación de la cláusula: empero, todo pareciera indicar que, por los temores y contradicciones de los gobiernos miembros, el proceso se ha estancado en su primera fase del diálogo, consulta y negociación.

Sobre nuevos avances en el marco de la OEA reina la incertidumbre. Entre 12 a 15 países miembros, defensores de la democracia, han ratificado su disposición para avanzar en la aplicación de la cláusula, empero, no está muy clara la posición de la mayoría de los países del Caribe, muy condicionados por las dádivas de PETROCARIBE. Por las alianzas del Caribe con el gobierno de Venezuela, la CELAC, organización donde estos países tienen un peso muy importante, tampoco representa un espacio eficiente para la defensa de la democracia venezolana.

En MERCOSUR el gobierno paraguayo intentó utilizar la cláusula democrática, pero con el complejo sistema de toma de decisiones, donde cualquier voto negativo es un veto, Uruguay se ha opuesto a la aplicación de la cláusula y el bloque se encuentra bastante complicado con el tema Venezuela. Por lo pronto, han impedido que Venezuela asuma la presidencia del bloque como un mecanismo de presión.

Adicionalmente, los cuatro países fundadores están conformando un confuso mecanismo de sanción contra el gobierno venezolano, por el incumplimiento de los compromisos previstos en el protocolo de incorporación como miembro pleno, un procedimiento extra jurídico, desechando el mecanismo adecuado que es la aplicación de la cláusula democrática (Protocolo de Ushuaia).

Un escenario que pudiera resultar más viable para los gobiernos democráticos de la región es la UNASUR, su composición política ha cambiado, actualmente la democracia tiene la mayoría, pero el autoritarismo es hábil y cuenta con el pleno respaldo de su creativo Secretario, el Sr. Ernesto Samper, quien ya debe estar coordinado con sus aliados de la ALBA, el procedimiento para paralizar la organización.

El proceso bolivariano, por su parte, pareciera jugar al radicalismo y el aislamiento, siguiendo el libreto de la dictadura cubana. Manipulando la negociación para mover la arruga, pero la situación no la tiene fácil, con una inflación, desabastecimiento e inseguridad brutales; con precios del petróleo que no suben lo suficiente, intereses de bonos, deuda y una corrupción colosal. No deberían ser tiempos para jugar con tanta irresponsabilidad.

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